Más de 50 etarras podrían salir

Madrid- La Fiscalía ante el TC ha defendido la constitucionalidad del criterio sostenido por la Audiencia y confirmado por el Supremo.
La resolución puede incidir en los presos de la banda terrorista ETA, y en otros delincuentes a los que se aplicó la misma doctrina –como Miquel Ricart, condenado a 170 años de cárcel por el triple crimen de las niñas de Alcásser–. De hecho, fuentes de la Audiencia señalaron a este periódico que si el TC la deroga estarían obligados a «revisar de oficio» la situación de quienes permanecen en prisión por la aplicación de la misma. «Supondría un regreso a la legislación anterior», señalaron al respecto.
Ello incidiría en que serían no pocos los etarras que abandonarían las cárceles, «ya que entonces habrían cumplido con creces su condena».
En estos momentos, hay más de 50 miembros de ETA a los que se les ha aplicado la doctrina Parot, entre los que figuran etarras tan relevantes como Juan Carlos Arruti Azpitarte, condenado a más de 400 años de cárcel y cuya excarcelación se retrasó hasta 2019; Javier Martínez Izaguirre, autor del atentado contra el guardia civil Antonio Moreno Chico cuando llevaba a sus hijos al colegio. En ese atentado murió su hijo Fabio, que tenía tres años. Izaguirre seguirá en prisión hasta 2022, si no se revoca es doctrina.

Se les aplicó la doctrina Parot
Juan Carlos Arruti Azpitarte: En prisión desde 1989, fue condenado a 403 años por más de 20 delitos terroristas. «Paterra» nació en Azpeitia en 1959, y su excarcelación se producirá en 2019.
José M. Fdez. Pérez de Nanclares: Detenido en febrero de 1992 junto a su mujer, la también etarra María Ángeles Pérez del Río. Iba a salir en septiembre de 2010, pero su liberación se retrasó hasta mayo de 2022.
Jon Koldo Aginagalde: Es el autor del asesinato del guardia civil Ángel Zapatero en 1984, en el que hirió a un niño de 14 años. Fue condenado en 1986 a 27 años de prisión, de la que saldrá en libertad en 2014.
José Ángel Viguri Camino: Nacido en Bengarai en 1955, lleva entre rejas desde 1989 y no será puesto en libertad hasta 2019. Fue condenado a 51 años de cárcel por un atentado contra el cuartel de Llodio.