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Investigar hasta el final

Tiempo de lectura 4 min.

25 de enero de 2011. 00:25h

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25/1/2011

En la causa que investiga el soplo que alertó a ETA en 2006 de la operación policial en el bar Faisán de Irún contra el aparato de extorsión de la banda están imputados el que fuera director de la Policía, Víctor García Hidalgo, y dos miembros de la lucha antiterrorista. Tras más de cuatro años de práctico parón, el denominado «caso del chivatazo» dio ayer un giro relevante. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó el proceso con nuevas diligencias, rechazó su archivo, como pedía la Fiscalía, y convirtió las actuaciones en un sumario.

El auto de Ruz, sustituto de Garzón, demuestra la dimensión de este oscuro episodio, en el que supuestamente un miembro de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián entregó un teléfono móvil al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, cabecilla de la trama de cobro terrorista, por el que se le avisó de la actuación policial.

El magistrado estima que hay  indicios para seguir  las pesquisas contra «una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía» con la que se intentó «evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas» por su relación  con la recaudación del denominado «impuesto revolucionario». Podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario y otro, de colaboración con banda armada.

Entre las diligencias ordenadas por Ruz figuran la solicitud de datos sobre la cadena de custodia del vídeo que filmó los exteriores del bar Faisán el día en cuestión, y un informe  sobre los cortes que aparecen en esa grabación, así como una reconstrucción de los hechos y que los policías imputados identifiquen al confidente etarra al que habrían llamado para justificar el tráfico de llamadas en torno al Faisán.

Es muy significativa también la decisión del magistrado de requerir la colaboración de la Guardia Civil, con una serie de informes sobre la presunta manipulación del vídeo que pudo grabar lo sucedido, después de que el Instituto Armado fuera relegado hace tiempo de un caso que afecta a mandos de la Policía y a Interior.

Estamos ante un episodio que ocurrió en el contexto del proceso de negociación. Si se trató o no de favorecer el diálogo con ETA, es una duda legítima que la investigación debería despejar. Lo cierto es que el asunto no suscitó en este tiempo el interés necesario del juez Garzón, primer encargado del asunto, ni de la Fiscalía, que reclamó su archivo, ni del Ministerio del Interior. Hubo que esperar a la llegada de Ruz a la Audiencia y a un informe sobre el caso de las autoridades judiciales francesas, recibido hace unos días, para que se reactivara.

La gravedad de los hechos exige un esclarecimiento total. Si hubo chivatazo a ETA, no puede haber impunidad y la Justicia debe actuar hasta las últimas consecuencias. No pretendemos prejuzgar nada, pero hablamos de actos que comportan delitos muy graves. El Gobierno pretendió darle carpetazo desde el primer día. No lo logró. Es un alivio que un magistrado  sea capaz de buscar la verdad sin reparar en ninguna otra circunstancia que no sea hacer justicia.

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