Del «caso Guerra» a Mercasevilla y el PER

Madrid- Treinta años de mandato socialista han dado para mucho en Andalucía, y nunca mejor dicho. Los escándalos de corrupción han salpicado la historia de esta comunidad desde los lejanos tiempos de Felipe González. Fue un hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente de aquel Ejecutivo que –efectivamente– iba a dejar a España que no la conocería «ni la madre que la parió» –en palabras del hoy diputado del PSOE–, el protagonista del mayor escándalo de la incipiente democracia, con epicentro en Sevilla.

El 30 de diciembre de 1989 estallaba el llamado «caso Juan Guerra». Todo empezó al conocerse la intermediación del «hermanísimo» en el desbloqueo de un proyecto turístico que suponía una inversión de 80.000 millones de las antiguas pesetas. El escándalo llegó primero al Parlamento, donde Guerra no llegó a despejar los interrogantes planteados sobre las actividades de su hermano, en su mayoría hechas desde el despacho oficial que durante seis años ocupó en la Delegación del Gobierno en Andalucía como asistente del vicepresidente.

Una vez ante los tribunales, a Guerra –conocido como «el conseguidor»– se le acusó y juzgó por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Fue condenado en 1995. Antes se había llevado por delante a su hermano, que dimitió en 1991. Felipe González, pese a su altanero «dos por el precio de uno», siguió en el poder hasta 1996, dejando tras de sí una estela de corruptelas –Filesa, lbercorp, AVE, Luis Roldán...– aunque ninguna como aquella que obligó a introducir en la legislación un nuevo delito, el de tráfico de influencias.

Pero la corrupción con acento andaluz habría de seguir. Así, en 1992 estalló el «caso Ollero» cuando fue detenido el hermano –otra vez– del entonces director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero, con un maletín que contenía 22 millones procedentes del pago de una comisión por la adjudicación de un tramo de la Autovía del 92.

La familia, como se ve, es recurrente en los escándalos. La de Manuel Chaves, presidente andaluz durante 19 años, también acabó en el disparadero. Su hija Paula, porque el padre concedió una subvención de más de 10 millones de euros a la empresa en la que trabajaba. El hijo, Iván, por haber estado relacionado con una empresa que recibió cuantiosas subvenciones de la Junta.

Y hay más. El más conocido fue el fraude del PER (Plan de Empleo Rural), que acabó con la condena de alcaldes andaluces por firmar peonadas falsas para que los trabajadores pudieran llegar al mínimo exigido para cobrar la subvención. En la lista de corrupciones figuran el «caso Bahía competitiva», el uso fraudulento del dinero que la Unión Europea concedía a la Junta de Andalucía para que las empresas dieran cursos de formación o el «caso Mercasevilla»...