Inhabilitación para los despilfarradores

MADRID- El Consejo de Ministros de ayer fue de nuevo básicamente deliberativo, a la espera de que se concreten los «platos fuertes» anunciados para las próximas reuniones: Ley de Estabilidad Presupuestaria, reforma laboral y restructuración del sistema financiero. A esta última se dedicó de lleno la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que Mariano Rajoy presidió el pasado jueves.
En relación al debate que se ha abierto sobre las futuras sanciones a los malos gestores públicos y a las comunidades autónomas, el Ejecutivo sigue remitiéndose a la futura Ley de Transparencia y de Buen Gobierno para concretar sus planes, el baremo y el detalle de esos castigos. Si bien ayer la vicepresidenta precisó que en esa Ley de Transparencia y Buen Gobierno establecerá un catálogo de nuevas obligaciones legales para los gestores públicos, del que colgarán las correspondientes «penas». Como ya adelantó este periódico, el Gobierno baraja sanciones administrativas, que pueden llegar a la inhabilitación. Y para los casos más extremos, aquellos en los que haya dolo acreditado o «gran culpa», se dejaría la aplicación excepcional de algún otro tipo de sanción penal. La vicepresidenta reconoció ayer que «ya existen normas que sancionan ciertos comportamientos», pero que el Gobierno está trabajando «para intensificar y fortalecer» esos posibles reproches penales para los gestores públicos que incumplan con la obligación de déficit y de gastar sólo aquello que tienen presupuestado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que el Código Penal ya castiga a los políticos que malgastan, informa Efe. Y así se sumó al coro de variopintas reacciones que incluso dentro del PP han generado las declaraciones del ministro Cristóbal Montoro en la Cadena Ser, en las que defendió ese castigo penal para el gestor que «gaste por encima de su presupuesto». En su programa electoral, el PP llevaba el compromiso de incrementar la exigencia de responsabilidades a los gestores, pero no incluyó la alusión expresa al Código Penal.