Penalizan a la Junta por no pagar la Seguridad Social de 61 trabajadores

Sevilla- La Junta no abonó las cuotas de la Seguridad Social de 61 trabajadores de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) durante diciembre del año pasado. El impago originó que la Tesorería de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, abriera a la Administración autonómica un expediente de reclamación, acompañado del correspondiente recargo del 20 por ciento. La cuantía adeudada por la Junta era de 44.353,37 euros, pero la penalización la elevó hasta los 53.224,04 euros, según la documentación que se adjunta y que ha sido consultada por LA RAZÓN.

La Consejería de Agricultura y Pesca recibió la «reclamación por cuotas y otros conceptos debidos a la Seguridad Social, desempleo, fondo de garantía salarial (Fogasa) y formación profesional» el pasado 23 de abril, proveniente de la Dirección Provincial de Sevilla de la Tesorería General de la Seguridad Social, que le comunicó el descubierto económico.

La Agapa es una de las ocho macroagencias sobre las que se sustenta la nueva reordenación del sector público empresarial. Es la segunda en volumen. Absorbió a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAPSA) y al Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). El resultado fue un gigantesco ente con más de 3.000 trabajadores, con un presupuesto de gasto de 231 millones en las cuentas de 2012, de los que más de la mitad (123 millones) se dedican a pago de personal (108 millones) y a gasto corriente. La agencia está pendiente de culminar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Es uno de los problemas más acuciantes, que se complica por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara nula la integración de personal de la extinta empresa mercantil DAPSA. Este periódico ya publicó un acta del comité ampliado de dirección de finales del año pasado en el que se ponía de relieve que «el principal problema de la agencia es la falta de coordinación y de comunicación tanto interna como externa a todos los niveles».

Llama la atención que la incidencia se produjera a final del año. Coincide con el mes en el que se cortaron pagos por el adelanto del cierre presupuestario. La Consejería de Hacienda y Administración Pública emitió una orden el 22 de noviembre de 2011 –publicada en el BOJA el 28–, modificando otra del mes anterior, en la que fijaban el día 30 de noviembre como fecha tope para la contabilización de facturas, y no a finales de diciembre, como venía siendo habitual en anteriores ejercicios. Se trataba de una maniobra financiera para deslizar pagos del Presupuesto de 2011 al de 2012 y así poder cumplir el objetivo de déficit. Aunque este pago no estaba condicionado por la orden de Hacienda, sí que ha acabado repercutiendo, como otro gran número, en un ejercicio presupuestario que no le correspondía.