Emprendedores para el futuro

El núcleo del tejido productivo español y del potencial de generación de empleo y valor para la sociedad está conformado por pymes y autónomos. Sin embargo, a pesar de su importancia para el futuro y prosperidad de nuestro país, este núcleo ha afrontado el descenso de la actividad económica con un marco regulatorio, laboral, fiscal y con unas condiciones financieras que han minado su capacidad de adaptación al cambio. La mala política económica ha socavado lo que debería ser el pilar de sus ventajas competitivas: su flexibilidad y capacidad de adaptación.

El aumento de la morosidad ha venido, a su vez, a agravar la situación patrimonial y las tensiones financieras derivadas de la dificultad de acceder al crédito en condiciones competitivas. El mercado de trabajo español es rígido, antiguo, pensado para un entorno industrial de lentas transformaciones que dejó de existir hace muchos años y que no está adaptado a las peculiaridades de la microempresa. Esta inadecuación ha hecho que en esta crisis, junto con millones de empleos, hayan sido arrancados de raíz también excesivos proyectos empresariales que conservaban potencial de regeneración de empleo para el futuro. El resultado ha sido una altísima mortalidad de proyectos, que se ha llevado por delante mucho talento innovador, mucho emprendimiento, mucho empleo, mucha ilusión y muchas expectativas. El reto del mercado de trabajo es hacer realidad la aspiración de que crear empleo para pymes y autónomos no vuelva a ser una «actividad de alto riesgo» que amenace la viabilidad si cambian las circunstancias del mercado.

El cambio que España necesita pasa por definir y poner en práctica una política económica integral que promueva el emprendimiento, la creación, crecimiento y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo, valor y bienestar para la sociedad. La agenda de reformas estructurales debe servir también a este propósito.

El fomento del espíritu emprendedor exige contrarrestar eficazmente el recelo social que subsiste con respecto a las iniciativas emprendedoras y que se ve reflejado en la actuación de las Administraciones mediante el establecimiento de un exceso de licencias, regulaciones y controles a priori que presuponen el incumplimiento normativo y que lastran gravemente la competitividad y la creación de empleo. Resulta imprescindible un cambio de actitud a favor de las iniciativas, que se fundamente en la presunción del cumplimiento normativo. La contrapartida debe ser el reforzamiento de los mecanismos de control y sanción a posteriori y la exigencia de ejemplaridad y responsabilidad. Pero para que cualquier reducción de la carga regulatoria sea verdaderamente efectiva, ésta deberá verse acompañada de la garantía de la unidad del mercado nacional. La competitividad empresarial en España no puede permitirse que lo que Europa hace con gran trabajo por profundizar en el mercado único, lo deshaga la proliferación de normativa divergente a escala autonómica y local. Debemos aspirar a hacer realidad la aplicación de los principios de «licencia única» válida para todo el territorio y la aplicación del criterio de «legislación de origen» para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado en cualquier punto de España sin modificación o trámite alguno.

El sistema fiscal debe impulsar la competitividad, para lo que es necesario no sólo incidir en la reducción de los tipos marginales efectivos y la simplificación del impuesto de sociedades sino, especialmente para las microempresas, en la drástica reducción de los costes indirectos de cumplimiento. Solamente actuando con decisión sobre la calidad del marco regulatorio e institucional España volverá a ser la mejor plataforma desde la cual pymes y autónomos puedan proyectarse al mundo.

Pero más allá de las imprescindibles reformas estructurales, el futuro del emprendimiento exige asumir como prioridad el saneamiento y reestructuración del sector bancario. Sólo así podrán las entidades financieras pasar de la mera gestión de sus balances a la prudente asunción de riesgos con el sector privado, esto es, a financiar los proyectos empresariales viables de futuro. En el ámbito financiero España tiene por delante la tarea de reducir a largo plazo el grado de intermediación bancaria en la financiación empresarial. Para ello, además del refuerzo de los mecanismos alternativos de financiación como capital riesgo, capital semilla, créditos participativos, etc., la política fiscal puede fortalecer la capacidad de autofinanciación de las empresas y que éstas impulsen su crecimiento y el saneamiento patrimonial. Redoblan su importancia las propuestas ya avanzadas por el PP de que el IVA sólo se pague de las facturas efectivamente cobradas, de agilizar los mecanismos de compensación de deudas y tributos o de reducir la carga tributaria sobre los beneficios reinvertidos en la actividad empresarial.