El Gobierno planea facilitar el despido a las empresas en apuros económicos

Si patronal y sindicatos no alcanzan un acuerdo sobre la reforma laboral antes del día 16, fecha límite marcada desde La Moncloa, el Gobierno impondrá por decreto un drástico recorte del coste del despido. Según informó ayer RNE, el Ejecutivo trabaja en un borrador de reforma que incluye la posibilidad de que un empresario pueda alegar una mala situación económica como motivo para que un despido sea procedente. En tal caso, la indemnización a pagar al trabajador sería de 20 días por año trabajado.

Además, pretende extender el contrato de fomento del empleo, que contempla 33 días de indemnización por despido improcedente, en vez de 45 días. Hasta ahora, este contrato no se le podía aplicar a hombres de entre 30 y 45 años con menos de medio año en el paro. El Gobierno quiere que se puedan realizar contratos de este tipo a este colectivo a partir de los tres meses sin empleo. Además, todo contrato temporal podrá convertirse en uno de fomento sin límite de fecha.

Modelo alemánEl borrador también contemplaría la limitación del contrato de obra a dos años y la adopción del modelo alemán de reducción de jornada. Este sistema permite a las empresas en apuros recortar la jornada de sus empleados, en lugar de despedirlos, y cobrar un desempleo proporcional al tiempo que se pierde de trabajo.

Otro de los puntos del texto gubernamental, según RNE, recoge el modelo austríaco con un fondo constituído con las aportaciones de las empresas y del que saldría el pago de 8 de los 33 días de indemnización por despido. Este modelo funciona con la creación de un fondo para cada trabajador que se nutre con las aportaciones de las empresas en las que ha trabajado. Si cambia de empleo, no pierde lo acumulado. Si es despedido, la cantidad acumulada hasta ese momento sirve para compensar su despido. Por el contrario, si al final de su vida laboral este fondo es positivo, el dinero acumulado se emplea para completar su pensión.Fuentes sindicales y de la patronal aseguraron a este periódico que el Gobierno no ha presentado en ninguna de las reuniones del diálogo social ningún borrador con estas propuestas.

De imponerse finalmente esta reforma, la huelga general sería inevitable. «Se puede decir que habrá huelga general en España» si la reforma se sustancia en un decreto con abaratamiento del despido, advirtió horas antes de la filtración el responsable de Comunicación de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, para quien poner fechas para alcanzar acuerdos «desincentiva» las conversaciones.

Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, secundó las palabras de Lezcano y, en declaraciones a Onda Cero, incidió en que si finalmente es el Gobierno el que tiene que imponer la reforma y ésta es «lesiva» para los trabajadores por la vía del abaratamiento del despido y su descausalización, habrá huelga general.

Para los sindicatos, como reiteró una vez más el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el despido no debe ser el eje central de la reforma toda vez que en España resulta «fácil» y «barato» despedir habida cuenta de los cientos de miles de trabajadores fijos que se han quedado en la calle en los últimos tiempos.