Un agujero de 598 millones

MADRID- A diez días para que la «etapa Zapatero» toque su fin y ante un más que previsible cambio de color político en el Gobierno, son inevitables los balances. La Comunidad de Madrid lo ha hecho sobre la Ley de Dependencia. El que se presentó como proyecto estrella del PSOE no sólo no ha solucionado los problemas de los dependientes, sino que su falta de financiación por parte del Estado ha puesto en peligro la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia. Ésta es la conclusión del balance sobre la aplicación de la Ley en la Comundiad desde que se aporbó en diciembre de 2006. Un informe al que ha tenido acceso LARAZÓN en el que se determina, cuatro años después de la aplicación de la norma, que el modelo de financiación es «inadecuado e insuficiente». «Inadecuado» porque las comunidades reciben un máximo de 264 euros por persona, independientemente de sus necesidades. E «insuficiente» porque a pesar de que la Ley fijaba que la financiación del coste total se debía repartir entre el Estado y las CCAA al 50 por ciento, el resultado de su aplicación determina que la aportación real del Gobierno no ha superado el 19%, desde 2008 hasta ahora.

¿Cuáles son las consecuencias?
Esta ecuación supone que el Gobierno de Zapatero se marchará el próximo 20-N dejando una deuda acumulada de 598 millones de euros por los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y lo que llevamos de 2011. Es decir, el coste total de la financiación de los servicios y prestaciones de dependencia ha supuesto hasta la fecha 1.025 millones de euros, de los cuales el Gobierno sólo ha aportado algo más de 426 millones, con lo que el déficit es de 598.727.726 millones de euros. Es decir, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se irá sin pagar más de la mitad de lo que supone la atención de los 92.664 dependientes beneficiarios. Por este motivo, el Gobierno regional lleva desde 2008 (el primer año, 2007, se empleó para baremar cada caso) sufragando el 80% del coste total que supone la atención a los dependientes. Según el informe al que tuvo acceso este periódico, la aportación del Estado en 2011 apenas ha alcanzado los 118 millones, cuando tenía que haber sido de 376 millones. O lo que es lo mismo, sólo del presente ejercicio ya se debe a Madrid 260 millones.