El ICO aportará hasta 10000 millones del crédito para pagar a proveedores

MADRID- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiará entre 7.000 y 10.000 milllones de euros de los 35.000 millones en préstamos sindicados para que las administraciones públicas puedan pagar la deuda contraída con sus proveedores, según fuentes del Ministerio de Economía. Los créditos del ICO, que complementarán los concedidos por la banca, contarán con el aval del Tesoro Público y el organismo actuará además como mediador entre Hacienda, las comunidades y los ayuntamientos.

Certificado de veracidad
El ICO recibirá la información que certifica que los proveedores son auténticos y se la enviará a las entidades financieras que quieran participar en el proceso. Además, se encargará de informar al Departamento dirigido por Cristóbal Montoro y a los propios ayuntamientos y comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros cerró ayer este mecanismo con una «buena acogida» por parte de las entidades financieras, que aportarán los 25.000-28.000 millones restantes en créditos sindicados con aval del Estado con un interés cercano al 5%. El plazo de vencimiento será de cinco años, con dos de carencia para las corporaciones locales y de diez –con idéntica carencia–, para los ayuntamientos. No obstante, Economía pretende que los vencimientos finalmente se igualen en el corto plazo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó la importancia de este mecanismo porque permite devolver la credibilidad a las administraciones y supone un estímulo «importante» para la reactivación económica y aliviará la situación de muchas empresas y autónomos, informa la agencia Ep.

«Pocas cosas dañan tanto la confianza como que las administraciones dejen de pagar», señaló Sáenz de Santamaría, quien aseguró que la medida también inyecta liquidez a la economía en un momento «especialmente complicado».

La vicepresidenta añadió que esta medida se encuadra en el grupo de iniciativas impulsadas para paliar los efectos «dramáticos» de la crisis, que forman parte de la tarea del Gobierno, consistente en avanzar en la consolidación fiscal y en poner en marcha las reformas estructurales que necesita nuestro país.