Buscar al hijo y no salir vivo

Es como morir dos veces. La primera, cuando se enteraron de la desaparición de sus hijos o los hallaron con el rostro impávido sobre la mesa de una morgue. La segunda, cuando en la lucha por encontrar a los responsables les arrebataron la vida y se sumaron a la lista de casos que las autoridades han dejado impunes.

Ser activista en México, pelear por esclarecer el secuestro o asesinato de un familiar y denunciar actos irregulares de las autoridades se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Lo sabe la familia de Nepomuceno Moreno Núñez, la cual decidió huir del estado norteño de Sonora donde murió acribillado este hombre de 56 años de edad, que buscaba a su hijo de 17 años, desaparecido desde el 1 de julio de 2010.

Fueron cinco tiros los que terminaron con los bríos de Nepomuceno en su propia tierra, violentada por el narcotráfico e invadida, según sus propias denuncias, por la corrupción policial. Y fue ahí, en su hogar de tantos años, donde hace más de un año se llevaron a su hijo Jorge Mario Moreno León, a quien jamás volvió a ver. Según las investigaciones del propio activista, los responsables son agentes policiales de la localidad de Obregón en contubernio con las autoridades de Sonora.

«Lo secuestró la Policía y por eso he sido reprimido. Ahora tengo los soldados fuera de mi casa, porque estoy denunciando al Gobierno», afirmaba en una de sus últimas entrevistas el pasado octubre, minutos antes de un encuentro entre las víctimas de la violencia y el presidente Felipe Calderón, en el que expuso el riesgo al que se enfrentaba y entregó la documentación relacionada con la desaparición de su hijo.

Un día vio por televisión al poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y la Dignidad, y decidió salir a la calle para alquilar un ordenador y contactarlo. Entonces le enseñaron a abrir un correo electrónico para escribir a la organización, la cual respondió de inmediato. Siguió el primer encuentro, el relato de su historia, la documentación del caso y la firme resolución a seguir a Sicilia en su «Caravana del Sur», que recorrió casi 11.000 kilómetros en el último año para pedir justicia.

Nepomuceno viajaba todos los días con las fotos de su hijo en una pancarta donde se le veía siempre sonriente, en el colegio, con los amigos, con la familia, solo, de cuerpo completo o con el rostro resaltado. Invariablemente portaba el expediente de su investigación personal en la mano y preguntaba a los desconocidos si sabían algo de su paradero.

Padre perseverante, convirtió el dolor de la pérdida de su hijo en un motivo de vida para buscar respuestas. En cada uno de sus testimonios recordaba detalles del principio de su tragedia: de cuando un coche con gente armada interceptó a Jorge Mario, de la última vez que logró conversar con él por teléfono y de la ocasión en que uno de los secuestradores le pidió 30.000 pesos. «Me puse a investigar y llegué a la conclusión de que eran los policías, porque mi hijo los mencionaba. Tengo una llamada del 1 de julio de 2010, a las 10:18 horas, de la procuraduría (fiscalía) del estado de Sonora, de ahí hablaron al teléfono (móvil) de mi hijo», comentaba.

El Gobierno de Sonora dio a conocer que Nepomuceno tenía antecedentes penales por un problema que tuvo con la Justicia en 2005, pero un día después la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) reprobó que se intentara criminalizar a las víctimas de violencia al enfatizar ese tipo de detalles. «Aquí andamos buscando lo que no encuentro en mi estado: la justicia, la solidaridad y el consuelo. Estoy buscando a mi hijo», contaba Nepomuceno a los integrantes del Movimiento por la Paz. Su líder, Javier Sicilia, no pudo contener las lágrimas el día en que el activista apareció muerto.

México y la impunidad
México es un país sumamente peligroso para ejercer la actividad de defensor civil, como lo hacía Nepomuceno. Lo más preocupante es que más de la mitad de los casos de agravio en contra de algún activista quedan impunes, pese a que la Procuraduría General de la República (fiscalía encargada de la investigación de delitos graves) asume las investigaciones.

«Estamos en un país donde constantemente se violan los derechos humanos. En los países donde existe una guerra de violencia (como es la lucha contra el narcotráfico) se incrementan los ataques a defensores civiles», expone Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el organismo encargado de vigilar el respeto a las garantías individuales en México.

Advierte de que en los últimos años la vulnerabilidad para personas que promueven la justicia se ha incrementado en las provincias donde el crimen organizado ha cobrado un papel muy importante y la ola de violencia parece extenderse rápidamente y sin control. Están atacando a las personas que representan una voz ciudadana y que denuncian los delitos en los que están entrometidas las autoridades.

Sepúlveda Amed expresa su preocupación de que organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refieran a México como un país de alto riesgo a causa de la violencia acrecentada en los últimos años. En el caso de los defensores civiles, el organismo que representa trata de aportarles los elementos necesarios para que sepan cómo actuar en términos legales y da seguimiento a los avances de las investigaciones. «Nosotros, como organismo, estamos en todo momento con los atacados, con sus familias, para brindar protección y seguridad, y condenamos cualquier secuestro o asesinato que se registre en el país». Recientemente, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó enérgicamente el asesinato de Nepomuceno Moreno, al igual que el atentado por el que resultó herida con arma de fuego una activista que ha denunciado la violencia que sufren las mujeres de Ciudad Juárez: Norma Andrade.

Madres atacadas
Andrade es una de las fundadoras del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que constantemente denuncia la violencia contra las mujeres de la conocida Ciudad Juárez. Tras ser tiroteada, permaneció en un hospital por varios días con lesiones en el tórax y en un hombro. Pero fue dada de alta el martes pasado de manera repentina, aún convaleciente por las heridas.

La historia de amenazas continúa. Se extendió también al personal médico que salvó a la activista del intento de asesinato. Su hija, Malú García Andrade, declaró que esa situación pudo ser la causa de que saliera del hospital súbitamente. Norma Andrade comenzó sus actividades como defensora social hace 10 años tras el secuestro y asesinato de su hija Lilia García. Recientemente ya había solicitado protección para ella y su familia.

Los casos de activistas atacados por el crimen organizado siguen en aumento. En enero, Susana Chávez, también de Ciudad Juárez en Chihuahua, fue violada, mutilada y asesinada. Semanas atrás, Marisela Escobedo, que pedía un castigo para el asesino confeso de su hija, que fue liberado por los jueces, murió de un tiro frente a la sede del gobierno de Chihuahua.

Crímenes que permanecen impunes
Al menos 14 activistas sociales han sido asesinados en México en los últimos diez años, según informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Más de la mitad permanecen impunes. El caso de agravio más reciente corresponde a Trinidad de la Cruz Crisóforo, un comunero de 73 años de edad originario del estado de Michoacán y miembro del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad que fue secuestrado por un grupo de cuatro hombres armados unos días después de que denunciara amenazas. Otros integrantes de la misma asociación, liderada por el poeta Javier Sicilia, también desaparecieron en los últimos días. En Guerrero, Eva Alarcón y Marcial Bautista fueron interceptados por unos desconocidos cuando viajaban en un autobús que se dirigía a la ciudad de Chilpancingo y hasta la fecha se desconoce su paradero.