Plan de apoyo para prevenir impagos y evitar los desahucios de las familias

Valladolid- El pasado año se produjeron en España más de 58.000 órdenes de desahucio, de los cuáles 3.027 se llevaron a cabo en Castilla y León. Pero en lo que llevamos de año esta cifra tiene pinta de quedarse pequeña, ya que a falta de dos meses y medio para que termine el año ya se han contabilizado cerca de 2.300 desahucios. Desde que comenzara la crisis en 2007 se han producido más de siete mil lanzamientos, lo que supone un impacto de siete desahucios por cada mil familias de nuestra Comunidad. Una situación preocupante, dado que la crisis parece no tener fin, pero también por el perfil de estas personas o familias, plenamente integradas en la sociedad pero que se han quedado sin trabajo y sin ingresos y no pueden hacer frente a las deudas contraídas, especialmente las que se refieren a los préstamos hipotecarios.

La Junta de Castilla y León, consciente del problema, pondrá en marcha a partir del 1 de noviembre un Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio, que presentaba ayer el presidente Herrera a todos los que formarán parte de él. Más de 76 profesionales entre titulados en Derecho, Economía o Trabajo Social, registradores de la propiedad o voluntarios de Cáritas, se encargarán de asesorar a las familias sobre los pasos a seguir para evitar el lanzamiento de la vivienda. Objetivo: frenar esta sangría de desahucios abordando cada caso desde todos los puntos de vista y buscando siempre la mejor alternativa para cada persona para que pueda salir adelante sin tener que perder el techo en el que se cobijan. Un servicio pionero dirigido a estas familias con problemas de sobreendeudamiento y riesgo de insolvencia, y que actuará principalmente en la detección y prevención. El objetivo es actuar desde el primer momento en el que haya el más mínimo síntoma de riesgo real de desahucio. La voz de alerta puede llegar de las propios familiares, de los Servicios Sociales e incluso desde las cajas y los bancos titualres de cada préstamo. También habrá personal de 24 entidades locales (15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve dputaciones provinciales) que prepararán planes de economía familiar individualizados. La puerta de acceso a este servicio será el teléfono 012, que se apoyará en las 24 oficinas de información de las corporaciones locales. Las diez entidades financieras participantes en el programa (Caja España-Duero, Caja Laboral, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, La Caixa, banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter) se comprometen, por su parte, a establecer la figura de un interlocutor único por entidad para facilitar así todo el proceso. Para la consejera de Familia, este programa no dará «soluciones milagrosas», pero sí una respuesta a cada caso al renegociar el déficit de cada uno. Excepto el pago de deudas, Milagros Marcos explica que caben todas las opciones, ya sea el alquiler que compute como pago de la hipoteca, la reestructuración de la propia deuda, el aplazamiento de las cuotas, la reducción de su importe e incluso la dación en pago. «Siempre se buscará la mejor alternativa», sentencia.

En el caso de que se llegue al desahucio, el servicio habilitará "soluciones paliativas", como la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía o "programas de apoyo"como el conocido como "alquiler social", precisó la consejera, para luego insistir en que el programa no supondrá un desembolso adicional para ninguna de las instituciones públicas, ya que los 76 profesionales que trabajarán en él forman parte de las plantillas actuales.