El Gobierno regional rechaza subir el IRPF porque no reactiva la economía

MURCIA- La Región de Murcia no se sumará a la «moda» de subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tal y como lo han decidido los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía y Extremadura, gobernados por el PSOE. y otras que van por ese camino como Baleares y Asturias.La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Pedro Reverte, manifestó ayer tras el Consejo de Gobierno que la subida de impuestos y el recorte de gastos en políticas sociales es «la vía fácil» y aseguró que el Gobierno regional no prevé «entrar en esa carrera» de subir los impuestos porque «no es una medida que reactive la economia regional ni nacional». Reverte insistió que el incremento del IRPF «siempre castiga a las clases medias» y advirtió que esto «no es la solución y sólo sirve para contraer más el consumo y no generará el empleo».La consejera recordó que la decisión de gravar las rentas altas se suma a otras subidas de impuestos, como sobre el tabaco y los hidrocarburos en 2009, la del Impuesto del Valor Añadido (IVA), que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y la supresión de los 400 euros sobre el IRPF. Por otro lado, Reverte dijo que «todavía no hay fecha» para dar por concluido el Pacto por el Empleo que el Ejecutivo regional negocia en estos momentos con los sindicatos y la patronal para 2011-2014. La consejera de Presidencia afirmó que la prioridad del Gobierno de Valcárcel es solucionar los problemas de empleo y añadió que, por ello, la Comunidad busca «por todos los medios» un pacto consensuado con los agentes sociales.En cuanto a la reforma laboral que prevé el Gobierno central, reconoció que se desconocen los detalles de tal iniciativa, que consideró «imprescincible», y reprochó a Zapatero «llegar siempre tarde y mal» tras «casi dos años desde que comenzó el proceso de negociación». Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó, tras ser analizado por el Consejo Jurídico, el proyecto de Ley que modifica la Ley de Presupuestos de la Comunidad para este año, para aplicar el recorte de las retribuciones a los empleados públicos de la Administración impuestas por el Gobierno central, y que será debatido en breve en el pleno de la Asamblea Regional.