El PP asegura que el cierre del Presupuesto dejará sin cobrar a los proveedores

SEVILLA- El precipitado cierre del ejercicio presupuestario por parte de la Junta de Andalucía tendrá una consecuencia directa para el PP-A: habrá recortes «a través del impago a proveedores». Así lo aseguró ayer la portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, que criticó la forma elegida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para comunicarlo: «Precipitadamente, por la puerta de atrás y modificando una ordenanza», señaló.

Según Soto, la Junta «no tiene fondos» y cuenta con «serios problemas» para cumplir con el objetivo de déficit del 1,3 por ciento impuesto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El segundo problemas es que los compromisos de pago que no se pueden afrontar este mes pasarán a formar parte del siguiente ejercicio presupuestario. Como las elecciones son en marzo, será el siguiente Gobierno que salga de las urnas el que tenga que hacer frente a esos pagos.

«Serán cientos o miles de facturas las que el Gobierno andaluz va a dejar pendientes de pago en 2011, lo que afectará al empleo», argumentó la portavoz regional de los populares andaluces.
La versión oficial de la Junta de Andalucía es otra. El propio decreto reconocía en su preámbulo que «las particularidades del cierre del presente ejercicio 2011 y la necesidad de adaptar las operaciones del mismo a las diversas circunstancias surgidas que han de condicionarlo, requieren la adopción de medidas adicionales para ordenar dicho cierre, garantizando que las operaciones en materia de ingresos y gastos presupuestarios se realicen de forma que permitan la respuesta adecuada a dichas circunstancias». Ayer, la consejera de Presidencia y Portavoz, Mar Moreno, aseguraba al término del Consejo de Gobierno que este cierre «no tiene nada que ver con el pago a proveedores».

Indicó que son muchas las comunidades autónomas que han llevado a cabo un cierre anticipado del ejercicio presupuestario, apuntando que, por ejemplo, Galicia lo hizo a finales de septiembre; Murcia, el 18 de noviembre; Castilla y León, el 2 de diciembre, y el País Vasco, el 30 de noviembre. «Son cuestiones de técnica presupuestaria que suelen poner en marcha los gobiernos autonómicos para conseguir una mayor contención del gasto», apuntó.

En cuanto al retraso en los pagos, señaló que no es exclusivo de la Administración autonómica y que está relacionado con la crisis financiera y con falta de financiación. La solución, según dijo, la tendrá que afrontar el nuevo Gobierno de Rajoy.