Zoido exigirá a la Junta el pago de su deuda con el Ayuntamiento por el IBI

Sevilla- Entre el «quid pro quo» y el «y tú más». El Ayuntamiento exigirá a la Junta el pago de su deuda con la entidad municipal, tras anunciar la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, que, dos años y medio después de la puesta en servicio de la línea 1, le reclamará al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y del resto de localidades que se benefician del metro, coincidiendo con el cambio de signo político en varios de los municipios implicados, 10 millones en concepto de gastos de explotación pendientes y comprometidos por el paso del suburbano.

Zoido ironizó ayer sobre el hecho de que la Junta se acuerde ahora de cobrar por conceptos que, con gobiernos socialistas, no eran reclamados. «Llevaban tiempo sin pedir nada y ahora tienen esa ocurrencia. Querrán hacer caja», indicó. Según Obras Públicas, los ayuntamientos deben afrontar el 25% de los gastos de la puesta en funcionamiento del metro, ya que el pasajero sólo paga una parte con su billete. El Gobierno local no tiene constancia del débito reclamado, fijado en un convenio firmado por la anterior Corporación.

El regidor indicó que, en la reunión prevista este lunes, en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo de colaboración para la construcción y puesta en funcionamiento del metropolitano, el Consistorio exigirá el pago de la deuda que ya hizo llegar por vía postal al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. «Que paguen ellos lo que deben al Ayuntamiento», subrayó. Zoido ha recordado ya en varias ocasiones los, aproximadamente, 8 millones que la Administración andaluza debe al Ayuntamiento en concepto de Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). También hay deudas por la recogida de basuras, el sello del coche y, en menor medida, obras, entrada de vehículos y reservas de aparcamiento, tasas de extinción de incendios, precio público de laboratorios, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos y multas de tráfico. La Junta sólo reconoce el impago de viviendas sociales en el Polígono Sur y otras zonas.

La mayor parte de los impagos se corresponden con los acumulados del pasado ejercicio. El desglose aproximado ronda los seis millones por parte de la Junta, sobre 300.000 euros del Servicio Andaluz de Salud y cerca de un millón de la Empresa Pública del Suelo. El procedimiento habitual con cualquier titular ante una deuda es la aplicación de un recargo del 5%, del 10% o del 20% en función de la tardanza en el pago. En Sevilla, los intereses sobrepasan los 1,5 millones. Las administraciones, cabe recordarlo, son inembargables.

El débito de la Junta por el IBI equivale, aproximadamente, al 80% del importe del consumo eléctrico anual del Consistorio, para el que se han tenido que desviar fondos para afrontarlo. El Ayuntamiento tiene una deuda viva –lo que debe por los préstamos – de 459 millones y una carga financiera –lo que tiene que pagar por los créditos– de 76 millones, una cantidad similar a la deuda de la Junta por el IBI.

Cruz Villalón remarcó que «sólo está previsto hablar de la línea 1». Sobre la intención de construir las tres líneas restantes simultáneamente, Zoido señaló que «cuando la Junta tenga proyecto, hablaré». La Junta no tendrá cerrado los trazados hasta en torno al 20 de diciembre. La Administración regional mantiene que la línea 3 es «la prioritaria».

El alcalde reclamará responsabilidades por la obra de Fibes
A la espera de que la Cámara de Cuentas le haga llegar el informe en el que critica la ejecución de la ampliación de Fibes por parte de Emvisesa, Zoido aseguró ayer que no dudará en exigir responsabilidades. «Emvisesa debe estar para hacer VPO y rehabilitar barrios no para obras faraónicas», subrayó. El portavoz del PSOE, Juan Espadas, recordó que la empresa municipal de la vivienda se encargó de la ampliación del Palacio de Congresos como algo excepcional a causa de la actual coyuntura. El portavoz de IU y ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, defendió que la encomienda de gestión de Emvisesa «venía avalada legalmente por los altos funcionarios» del Consistorio hispalense.