Envían al Congreso el proyecto para que Buenos Aires se haga cargo del metro

 La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció hoy el envío al Parlamento de un proyecto para que el Legislativo ratifique el acta acuerdo por el cual el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires asumió la transferencia a su orbita del metro de la capital, del que ahora el alcalde porteño no se quiere hacer cargo.

En un acto en la sede del Ejecutivo, la mandataria criticó severamente al alcalde de Buenos Aires, el opositor Mauricio Macri, por haber "judicializado"el conflicto por el metro.

El Gobierno capitalino presentó el pasado lunes una medida cautelar para que no haya cambios en la administración del servicio hasta que el Ejecutivo nacional "no cumpla"con obligaciones asumidas en el acta acuerdo de traspaso que las partes firmaron en enero pasado.

Fernández dijo que este asunto "no debe judicializarse"y consideró que "cada uno debe hacerse responsable"de sus obligaciones.

"Por eso, vamos a remitir al Parlamento argentino un proyecto de ley a los efectos de ratificar el acta. (...) Esto lo tiene que definir el Parlamento", dijo Fernández, quien dijo que no le "hubiera gustado llegar a circunstancia porque el Gobierno porteño decía que quería dialogar al mismo tiempo colocó una medida cautelar".

Macri llevó el pulso a la Justicia horas después de que el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, le instara por carta a hacerse cargo de las siete líneas de metro de Buenos Aires, por las que diariamente se movilizan cerca de un millón de personas.

La misiva responde a otra carta de Macri del pasado jueves en la que informaba que la ciudad no se haría cargo del traspaso del metro de la administración nacional al municipio, tal como habían acordado el pasado enero.

Para el Gobierno de Fernández, la decisión de Macri resulta "jurídicamente improcedente"y "además de ilegítima, irrazonable y arbitraria, deviene inconstitucional".

Macri ha alegado que no se hará cargo del metro, operado por una empresa privada, por considerar que el Estado nacional ha incumplido con las inversiones necesarias para garantizar un adecuado servicio.