Buena idea pero compleja

La propuesta del ministro del Interior merece el aplauso contundente. Bien es verdad que, aparte de ofrecer ventajas evidentes, contiene dificultades para ser llevada a la práctica. Demasiadas veces ha estado en estudio por los gobiernos de turno y la intención jamás se ha plasmado ni ha visto la luz.

La expulsión de los inmigrantes reincidentes en delitos provocaría un efecto descontaminante de las personas y bandas que ya llegan a España con la intención de delinquir y, por supuesto, un ahorro económico, dado el alto porcentaje que estos individuos suponen en la población carcelaria. Esta decisión no contradice en modo alguno la obligación de recibir a aquellas personas que buscan una calidad de vida que sus países les niegan.

Como digo, y dado que nunca podría ponerse en práctica por la Policía, el problema proviene de la complejidad jurídico-procesal (no podrían ser extrañados antes de la sentencia), con los largos periodos que ello supone, así como del respeto a los derechos fundamentales de la persona y de la tutela judicial efectiva. De ahí que, aparte de la modificaciones legales, habría que promover la aceleración en la impartición de Justicia y el dinamismo de la Fiscalía para conmutar penas por la expulsión.

Dicho esto y conociendo que un juicio por robar un coche puede durar dos años, el ministro Jorge Fernández podría darse por satisfecho con comenzar la aplicación de este principio incoando los correspondientes expedientes de expulsión con los presos que ya han sido condenados y se encuentran en las cárceles. Mientras, y como concepto, bienvenido sea el proyecto. Así es la vida.