El goteo de despidos en las empresas de la Generalitat irrita al personal

Para evitar un reajuste traumático, los organismos afectados, en los que se incluye desde TV3, Catalunya Ràdio o el Incasol, siguen el abecé de los recortes en la administración pública. No se repone al personal que «haya causado baja por jubilación, defunción o cualquier otra forma de extinción definitiva de la relación laboral». Hay una excepción para el personal docente y sanitario, donde se puede reponer un empleado por cada dos que se pierden. Tampoco se nombra nuevo personal interino, un colectivo que actualmente suma 33.000 trabajadores en el conjunto de la Generalitat.

ERE encubierto
Pese a las «precauciones» de las que presume el decreto, los sindicatos alertan de que tras este reajuste se esconde un ERE encubierto. A través de la agencia Efe, el responsable de la función pública de UGT, Xavier Casas, advirtió de que se están llevando a cabo despidos «sin ningún criterio económico, incluso de personas que tenían más de 20 años de antigüedad». Hasta la fecha, los sindicatos han contabilizado que en el Incasol se han despedido a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa, 20 despidos más; en el Instituto Cartográfico, otros 20, y en el Parque científico de Barcelona, 12.

Calculan que antes de verano, la Generalitat habrá despedido a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas. No obstante, el departamento de Governació puntualizó que el reajuste no afectará a funcionarios con oposición ganadas. Los perjudicados serán interinos, trabajadores eventuales y personal contratado para reforzar determinados horarios, turnos o servicios.

Governació no cree que se llegue al millar de despidos. Aunque la plantilla de las empresas públicas sumaba 49.970 empleados en enero de 2010, y eliminar al 5 por ciento de los trabajadores, matemáticamente, supondría despedir a 2.400 personas, el reajuste no es una ciencia exacta. Para empezar, los interinos que aprobaron las últimas oposiciones que convocó la Generalitat el pasado octubre –para el cuerpo auxiliar administrativo– está previsto que tomen posesión de su plaza en septiembre. Además, la Generalitat tiene plazas presupuestadas que no están ocupadas y que pueden reasignarse.

De todos modos, las piruetas burocráticas no evitarán bajas. Por ello, los sindicalistas saldrán a la calle a protestar, porque «no tiene sentido que en Cataluña, con una cuota de paro del 18 por ciento, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución», lamentó, a través de Efe, la portavoz de CC OO, Josefina Pujol. Los funcionarios están indignados porque asumen el trabajo de los compañeros despedidos sin complemento salarial, mientras que los altos cargos tienen premio.