Intervención alertó de un sobrecoste en el ERE de Hytasal

Según consta en el mismo, el servicio fiscal de la Intervención revisó 20 convenios de concesión de ayudas. A modo de ejemplo, se incluyeron las conclusiones sobre el caso de Hytasal. Las irregularidades son numerosas. Una de ellas es llamativa: «El importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10.285.137,38 de euros en lugar de 10.500.000». La subvención era para pagar ayudas individuales a 83 trabajadores. El órgano de control también alerta de que se otorgó una subvención a la Asociación 14 de noviembre –constituida por los trabajadores incluidos en el ERE– de 500.000 euros «para gastos de gestión». No había resolución ni convenio.

«Las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de convenios», sentenció. La Junta mantiene que la Intervención no elevó un informe de actuación –un aviso más serio– porque no detectó «menoscabo de fondos públicos».

 El informe también incluye las alegaciones de la Consejería de Empleo a las conclusiones del órgano de control. Todas se centran en descargar la responsabilidad en la tramitación de las ayudas a empresas en crisis y en la financiación de los ERE en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Señaló que se trataba de «actos propios del IFA, adoptados por los órganos adecuados, producidos en su propio nombre y derecho, sin representar a ningún órgano de la Administración, aunque, eso sí, coparticipados por un centro directivo de la propia consejería a la que estaba adscrita la entidad pública».

El documento está fechado el 11 de abril de 2005 y lo firma el por entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Asume que se eligió la fórmula de transferencias de financiación de explotación en lugar de la subvención excepcional o la encomienda de gestión por la «heterogeneidad de las actuaciones» orientadas «a un modo conjunto de operar continuado en el tiempo». Señala que la partida 31L –el conocido como «fondo de reptiles»– financiaba «actuaciones propias del IFA» que estaban «coordinadas» por la Dirección General de Trabajo a través de los convenios administrativos que se firmaban para la financiación de cada ERE. Si como detectó la Intervención, el IFA superó el límite de créditos aprobados en más de 44 millones de euros y sin cobertura presupuestaria de la Junta, la respuesta de Barberá es sencilla: «El IFA, agotados los fondos, bien pudo excusar la adopción de los correspondientes acuerdos».

Los propios razonamientos de la Consejería de Empleo desvelan, por tanto, que la Dirección General de Trabajo no era la única responsable. Incluso admite que en 2004 se transfirieron 2.994.876 del programa 32H. Planificación del Empleo «para el pago específico de prejubilaciones de la Faja Pirítica». A ellos hay que sumar 10,5 millones del crédito inicial del programa 54B que también se destinaron a financiar los distintos convenios con los que se pagaban los ERE en 2004 y casi 1,5 en 2003.

Las alegaciones de Empleo fueron duramente contestadas de nuevo por la Intervención que recuerda que «no es una cuestión de oportunidad, conveniencia u operatividad, sino, básicamente, de legalidad» y que es evidente que «el IFA no concede las ayudas. Eso es claro». El órgano de control llega a decir que «el nombre de ‘convenio' no debe inducir a confusión. Es la denominación equívoca de una auténtica encomienda de actuación, mandato o encargo».