Crisis en las instituciones

España no sólo sufre una crisis económica. La inestabilidad en el seno del PSOE y en el Gobierno está propiciando también un severo deterioro en las instituciones. Ayer, tres miembros del Tribunal Constitucional (TC), su vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez presentaron su dimisión, un hecho inédito en la historia del Constitucional y que pone en evidencia que, tras la sentencia de Bildu, la institución está atravesando una situación extrema que se agudiza ante el retraso en la renovación de varios de sus miembros.

Ése es sólo uno de los episodios anómalos que se están viviendo estos días. La bicefalia que se ha instalado en el Gobierno está siendo a todas luces negativa para la propia estabilidad del Ejecutivo y, por ende, también para el país. En el mismo gabinete, existe un presidente y un vicepresidente primero –por tanto, su interlocutor de más confianza dentro del Gobierno– que además ejerce de ministro de Interior, portavoz del Ejecutivo y candidato de facto del PSOE a las próximas elecciones generales. Esta situación está creando importantes disfunciones que afectan a la gobernabilidad. Pérez Rubalcaba debería dar más pronto que tarde un paso al frente y renunciar a sus obligaciones ministeriales si, tal como parece, prioriza sus labores como candidato. A la mayoría de los españoles les parece como mínimo poco estético que, por ejemplo, se puedan utilizar las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministro para responder a las preguntas que exclusivamente tienen que ver con la candidatura y no con la gestión del Gobierno. El presidente del Ejecutivo tiene que corregir esta situación que puede resultar dañina para la credibilidad, ante la percepción de desorden que reina en La Moncloa.

En este escenario que genera tantas incertidumbres y procura tanta inestabilidad, la convocatoria de elecciones anticipadas sería un ejercicio de responsabilidad política ya que generaría en los mercados y en el conjunto de la sociedad una sensación de confianza y de estabilidad en todas las instituciones, sin obviar que serían ilusionantes para la gran mayoría de los españoles por la regeneración política, social y económica que traería consigo. La convocatoria de elecciones procuraría un Gobierno estable y unido, además de ser un mensaje positivo para los mercados financieros, es la certificación de que la política gubernamental va en la misma dirección y sin distracciones que pueden mermar la buena gobernabilidad.

Tampoco son correctas las filtraciones a las que hemos asistido en los últimos días. Hay que ser más serios. Una misma fuente les ha pasado a dos periódicos de distinto signo la misma información sobre un posible adelanto de las elecciones para noviembre. Ésta era tan similar, que los artículos terminaban con la misma frase: «La decisión final la tomará Zapatero». Es necesario dejarse de juegos y ser más rigurosos. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es afirmar con rotundidad, y sin ambigüedades, si convoca o no convoca elecciones.