El fichaje «estrella» de Garzón costaría a Ecuador un millón de dólares

MADRID- Vuelos a Quito en primera clase, alojamiento en hoteles de cinco estrellas, transporte privado y banquetes por todo lo alto. Ése es el día a día de Baltasar Garzón en Ecuador, el asesor estrella del presidente Rafael Correa. Una colaboración que podría costarle al erario público ecuatoriano hasta un millón de dólares –unos 764.000 euros–, como consta en el escrito presentado ante la Fiscalía por el Consejo Supremo de la Abogacía de este país. «Un despilfarro de fondos públicos inconcebible», a juicio de los denunciantes, «que van a parar a un comité asesor que no existe», ya que el ex juez apenas ha visitado en dos ocasiones Quito, siempre en fin de semana, y no ha tenido reparos en reconocer que «no estaba al tanto de los procesos».

Además, esta cifra escandalosa incluiría el sueldo de Garzón y el del funcionario contratado en febrero de este año para realizar in situ el trabajo que debería llevar a cabo el ex magistrado. Y es precisamente este hecho, el de pagar a dos personas por el mismo trabajo, lo que ha llevado a la Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE) a denunciar un posible delito de «malversación de fondos públicos», infracción que, de haberse producido, tendría «autores, cómplices y, seguramente, encubridores». Entre los cómplices, apuntan a uno muy concreto: Garzón.

Y es que desde el principio todo se hizo mal. El Consejo de Participación Ciudadana, encargado de conformar la «veeduría internacional», o lo que es lo mismo, el comité asesor que debía supervisar la reforma de la judicatura en Ecuador, nombró a dedo al ex magistrado sin consultar a las principales asociaciones judiciales. Es aquí donde surge el primer problema o inquietud, según se mire: ¿cómo es posible que elijan para esta función a un juez inhabilitado once años en su país por prevaricación?

Más allá. En el escrito presentado el día 14 ante la Fiscalía, aparece el pago que percibirá Garzón por su labor de asesor. De noviembre de 2011 a enero de 2012, cobrará 53.251 euros, una cantidad desorbitada en comparación con lo que recibe cualquiera de los otros asesores «no famosos». Pero esta cifra parece ridícula al lado de los 425.300 euros que el Ministerio de Justicia transfirió el 20 de octubre de 2011 para poner en marcha el polémico comité que preside Garzón. Y eso sólo para los primeros gastos. Tiempo después, según refleja la denuncia, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Marcela Miranda, solicitó otros 338.700 euros al ministro de Finanzas para pagar los lujos.

En definitiva, el Consejo Supremo de la Abogacía pide que se investiguen los hechos, ya que un país del Tercer Mundo como Ecuador no puede permitirse tirar tal cantidad de dinero en un comité asesor sólo porque lo presida Garzón y, mucho menos, cuando no cumple con su trabajo.

Una cifra desorbitada por cinco días de trabajo
Antes de que la Federación Nacional de Abogados (FNAE) denunciara la ausencia de Baltasar Garzón en un proceso que, supuestamente, debería estar supervisando, éste sólo había estado en Quito 23 horas. Tras las denuncias, decide ir a Ecuador cinco días para «asesorar» al Ejecutivo y reunirse con todo aquel que considera pertinente. Y diez meses después, se compromete a hacer un informe. Por estos cinco días de trabajo, el Ejecutivo ecuatoriano podría haber despilfarrado 764.000 euros. No es de extrañar que los colegios de abogados de todo el país denuncien que no existe tal comité ni tal labor de asesoramiento. Y de existir, la realiza un funcionario del país, no el «juez estrella» al que consideran un «turista más». Los gremios de abogados y periodistas le dieron plantón el pasado miércoles y hubiese sufrido su primera manifestación anti Garzón a su llegada a Quito de no ser por la intervención del Gobierno ecuatoriano, que la impidió. Ayer mismo, las autoridades volvieron a detener, sin justificación alguna, a uno de los abogados que organizaron esta marcha.