«Ninguna de las ayudas del ‘fondo de reptiles' se publicó en BOJA»

Sevilla- El Gobierno andaluz ha admitido que «ninguna» de las ayudas relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y a empresas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) tal y como es obligatorio por ley, según desveló ayer el PP-A.
La denuncia de los populares se sustenta en parte de la documentación que el Ejecutivo regional ha remitido a dicho partido para preparar los interrogatorios de la comisión de investigación parlamentaria que comenzará el 21 de agosto en la Cámara autonómica.
En su petición de documentación, el PP-A reclamó al Gobierno andaluz que precisara las fechas de publicación de cada una de las ayudas relacionadas con los expedientes de regulación de empleo fraudulentos o con las ayudas a empresas dentro de la partida presupuestaria 31L, el denominado «fondo de reptiles».

En el informe remitido por la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, se asegura: «No es posible atender a la petición al no existir constancia de dichas publicaciones».

En ese sentido, el coordinador de Economía y Hacienda del PP y miembro de la comisión de investigación, Rafael Carmona, señaló que los documentos suponen el «reconocimiento» por parte del Ejecutivo andaluz de que el procedimiento de concesión de ayudas fue «ilegal y con absoluto desprecio» a la ley y el derecho.

«Todo el procedimiento –lamentó Carmona– ha sido ilegal y para repartir dinero de manera discrecional a amigos y satélites del PSOE de Andalucía».

93 revisiones de oficio
Desde esa óptica, el popular detalló además que la Junta ha entregado expedientes de revisión de oficio de 93 empresas que recibieron ayudas de la partida 31L a las que se le reclaman 48 millones por tratarse de subvenciones «ilegales y fraudulentas».

De las 93 entidades, 88 se encuentran en trámite de revisión, cuatro han sido «declaradas nulas» por el Gobierno andaluz y una quedó anulada por sentencia judicial, según dijo el dirigente del Partido Popular.

Las cuatro declaraciones de nulidad de la Junta tienen fecha de 24 de julio de 2012, es decir, hace 24 días, precisó Carmona, quien sostuvo que esta situación pone de manifiesto que «no hay interés» por parte del Ejecutivo andaluz en recuperar el dinero.

Según el PP, las ayudas a las empresas concedidas «ilegalmente» oscilan entre los 30.000 euros y 1,2 millones, y se otorgaron sobre todo a entidades de la Sierra Norte de Sevilla, pero también a otras de las provincias de Córdoba y Cádiz.