Un cambio en el derecho de manifestación se tendrá que basar siempre en la Constitución

MURCIA- La profesora y doctora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), María Méndez Rocasolano, señaló ayer que cualquier posibilidad de «modular» o modificar la regulación del derecho a manifestarse, «ha de tener en cuenta los puntos cardinales sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico español en el que no todo vale» sino que sólo vale lo que la Constitución y las leyes permiten por ser expresión de la voluntad de la soberanía popular en una Democracia.

Méndez se refirió de esta forma a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien afirmó recientemente que la ley es «muy permisiva y amplía» con el derecho de reunión y manifestación y apostó por «modularla» para «racionalizar el uso del espacio público». En este sentido, Méndez recordó que los derechos de reunión y manifestación vienen expresados en la Constitución española y regulados por la Ley Orgánica 9/1983, modificada por la 4/1997 por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y la 9/1999 de 21 de abril de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. La doctora en derecho Constitucional destaca que, en ellas, se produce una detallada regulación de las exigencias, condiciones, extremos y características de los dos párrafos del artículo 21, el que se refiere al derecho de reunión pacífica y sin armas y el de las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.

Por su parte, el profesor titular del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia (UMU), Luis Alberto Gálvez Muñoz, consideró que es «muy difícil» cambiar la legislación actual que regula el derecho a la manifestación y libre reunión para limitar su ejercicio, puesto que la Constitución Española «es muy clara al respecto». Gálvez contestó de esta manera al ser preguntado por Europa Press sobre la polémica suscitada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, al afirmar que la ley es «muy permisiva y amplía» con el derecho de reunión.