«Atacar al Supremo y al TC es atacar la esencia de la democracia»

–Tras los últimos acontecimientos, parece que las aguas de la Justicia no bajan, precisamente, tranquilas.–A la Administración de Justicia se la debe dejar trabajar tranquila, porque la Justicia puede que sea lenta, pero llega siempre. Lo importante es que sea en el ámbito de los juzgados y tribunales donde se determine aquello que se plantea, porque no se pueden debatir cuestiones judiciales fuera de ese ámbito natural.–Los jueces han puesto el grito en el cielo con la rebaja salarial y piden al Consejo una mayor implicación en el tema de retribuciones. ¿Comparte esas quejas?–Entre todos debemos contribuir a salir de la crisis. A nadie nos gusta que nos bajen el sueldo, y a mí el primero. Pero, si es una medida que afecta a todos los funcionarios, también afecta a los jueces. Ahora hay que dar esa muestra de solidaridad y solicitar que, cuando salgamos de la crisis, esta pérdida adquisitiva sea tenida en cuenta a la hora de la mejora de las retribuciones.–¿Estaría justificada una movilización de los jueces como se ha llegado a plantear?–No pienso que haya movilizaciones. Todos debemos contribuir a mejorar la Administración de Justicia y todos debemos trabajar en su modernización. La situación económica en España es muy compleja y si ahora, por decreto, nos han reducido los salarios, sí que debemos exigir que cuando salgamos de la crisis podamos recuperar la pérdida del poder adquisitivo.–¿Y qué ocurriría si deciden trabajar a «reglamento»?–Los módulos de trabajo son orientativos, los que determinan lo óptimo; pero la responsabilidad de los jueces y magistrados es intentar que todos los ciudadanos, cuando plantean una causa en un juzgado, tengan una respuesta. Yo comprendo que muchas veces se trabaja por encima de lo exigible, pero nuestra lucha ha de ser la creación de órganos judiciales, la modificación de las estructuras y no dejar que asuntos judiciales, que pueden ser muy importantes para la ciudadanía, queden apilados en un rincón del juzgado. No creo que ése sea el planteamiento de los jueces ni lo que exijan. Otra cosa es que luchen por sus reivindicaciones, pero existe un alto sentido de responsabilidad de los jueces para que lo anterior no ocurra.–Pero ¿tienen motivos los jueces para estar descontentos por el trato o actitud que se mantiene desde el Gobierno?–Tienen motivos para reivindicar por el abandono histórico que ha sufrido la Justicia. Lo que queremos es un servicio público de calidad, pero sobre todo por los ciudadanos, y trabajar en las mejores condiciones posibles. Por eso, hay que ser muy reivindicativo, pero con cualquier Gobierno y con cualquier tipo de administración, para que se invierta en la Justicia lo necesario.–¿Pueden llegar esos recortes económicos también a las inversiones en Justicia?–Espero que lo previsto en los Presupuestos Generales para invertir en Justicia no se vea afectado por los recortes económicos, porque invertir en Justicia es invertir también en la salida de la crisis económica. –Otro tema. ¿Qué le han parecido, como vicepresidente del CGPJ, los últimos ataques dirigidos hacia el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional?–Los ataques a estos órganos constitucionales son un ataque a la esencia misma de la democracia. La democracia está basada en la existencia de tres poderes independientes que deben tener entre ellos un respeto absoluto. Y en la opinión pública debe existir también la idea de que se debe respetar al Poder Judicial para poder respetar la democracia. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no pueden estar, por procedimientos que están enjuiciando, siendo objeto de un menosprecio absoluto de su actuación, porque al final se hace un flaco favor a la democracia.–En relación con lo anterior, ¿cómo valora las críticas al Supremo por el procedimiento abierto al juez Garzón en relación con su investigación de los crímenes del franquismo, donde incluso se tildó de «franquistas» a sus magistrados?–La Justicia española es plenamente democrática y gracias a la Administración de Justicia, entre otras instituciones, el sistema democrático en España se ha afianzado. Por ello, utilizar epítetos de ese tipo, descalificadores, a la actuación de jueces y magistrados no es de razón. Emplear términos como «franquismo» supone no conocer la realidad sociológica española.–¿Cómo definiría ese proceso seguido contra el juez Garzón?–Desde un punto de vista jurisdiccional, ha sido como el de cualquier otro ciudadano. Ha habido una querella y se ha iniciado un procedimiento con todas las garantías. No creo que el ciudadano pueda pensar que haya habido un trato perjudicial, ni de favor, hacia Garzón.–A raíz de este «caso» se ha vuelto a cuestionar el papel de la acción popular, y hay quien aboga por limitar su presencia en los procesos. ¿Qué piensa de ello? –Es necesaria la existencia de la acción popular. Estamos ante una figura que coincide con el espíritu de la Constitución, donde se establece que los ciudadanos participarán en la Administración de Justicia, igual que ocurre con el jurado. Nadie debe temer a la acción popular, porque si una persona es inocente se le absolverá, y si es culpable, se le condenará. Soy totalmente partidario de la acción popular. –¿Es partidario de que los partidos no puedan personarse en procedimientos donde se investigue a políticos? –Soy partidario de que cualquier organismo, institución, asociación legítima y legal pueda ejercitar cualquier tipo de acusación y estar presente en el procedimiento. Lo único es que, si se advierte que esa puerta abierta de acceso al procedimiento es utilizada de manera diferente al objetivo de que haya justicia y se dicte una sentencia justa, ese partido o asociación pueda ser expulsado del procedimiento, porque se incurriría en fraude de ley. Pero, en principio, la puerta debe ser lo suficientemente grande en la Justicia para que todo aquel que quiera ejercitarla pueda hacerlo, partiendo de una premisa que debería estar en las puertas de todos los juzgados: todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.–Y en cuanto al TC, ¿cree que debería haber sentencia antes de la renovación?–Hay que partir de que el TC actual tiene perfecta legitimación para resolver. Dicho esto, sí considero que no es bueno que se tarde tanto tiempo en dictar una resolución –en julio hará cuatro años desde la interposición del recurso– y, en segundo lugar, me parece que las instituciones deben renovarse en el momento en que se establece por la propia ley.–Estos últimos casos han provocado que, al menos desde un sector de la opinión pública, se vuelva a habla de la «politización» de la Justicia–Sinceramente, pienso que la Justicia no está politizada. Lo que pasa es que se han establecidos unos estereotipos y cuando se quiere atacar a la Justicia se le pone siempre una etiqueta, como ha sido la referencia al franquismo y, ahora, la Justicia politizada. Pero lo que yo pienso es que los jueces y magistrados de este país son un lujo para la sociedad democrática. Son profesionales altamente cualificados que trabajan por encima de sus posibilidades, y ésa es la realidad de la Justicia en España.–¿Piensa que, realmente, los ciudadanos confían en la Justicia?–El que los juzgados ingresen casi diez millones de asuntos nuevos quiere decir que los ciudadanos españoles confían sus problemas a la Administración de Justicia. El ciudadano, y es legítimo, puede criticar la falta de medios, la gestión, la existencia de resoluciones incomprensibles, la existencia de dilaciones a la hora de resolver, pero eso no quiere decir que no confíe en la Justicia.–Recientemente, se ha criticado al CGPJ por el reparto de los nombramientos discrecionales en «cuotas» para las asociaciones. ¿Están justificadas esas críticas?–No hay ningún reparto por cuota. Los vocales podemos acertar o equivocarnos, pero la voluntad es encontrar el mejor perfil para el puesto que se debe cubrir. En determinados cargos, la propia ley obliga a que haya pactos, y es lógico, porque la sociedad no vería con agrado que un grupo de vocales impusiera su voluntad a otro grupo. No existe, en ningún caso, reparto de cuota. A mí nadie me ha impuesto un nombre. Siempre voto en conciencia.–En parte de la Carrera Judicial existe la impresión de que la nueva Oficina Judicial se ha configurado al margen de los jueces y magistrados y que éstos pierden la dirección de los procesos. ¿Comparte ese diagnóstico?–El nuevo modelo de Oficina Judicial es positivo. Estábamos invirtiendo dinero en una figura fracasada, como es la Oficina Judicial tradicional. Al juez le corresponde la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y el resto de funciones debe estar en la Oficina Judicial, en los servicios comunes. Es importante que el juez se centre en lo que corresponde.–En todo caso, sí parece existir una coincidencia unánime en que faltan jueces. –Hay que partir de la premisa de que la ratio juez/habitantes es muy baja en España, y, por tanto, es necesario aumentar el número de jueces. Existe un déficit crónico de jueces. Me parece que haría falta, como mínimo, un 20 por ciento más de jueces, pero sólo con esto no solucionaremos los problemas. Hay que cambiar la estructura y potenciar los métodos alternativos a la jurisdicción, como la mediación, conciliación y el arbitraje. Es necesario diseñar un mapa judicial, para determinar los órganos judiciales que queremos, dónde deben estar y la demarcación que queremos.–Por último, ¿es partidario de que la instrucción de las causas penales se atribuya a los fiscales? –No. Tenemos unos jueces de instrucción altamente cualificados y, por ello, no veo por qué hay que cambiar algo que funciona perfectamente. Lo mejor es que la figura independiente por excelencia, que es el juez, sea quien instruya, y no veo por qué tenemos que cambiar algo que funciona.

Bodas de plata de juez

Hombre tranquilo y sosegado, habla despacio, pensando qué y cómo quiere algo en cada momento. Este año celebra sus bodas de plata desde su ingreso en la Carrera Judicial, una profesión a la que ha estado vinculado desde entonces, tanto en el servicio activo como en cargos gubernativos. En 2003 entró en la Generalitat valenciana, como responsable autonómico de Justicia, hasta junio de 2007, cuando «ascendió» a conseller. Abandonó esas responsabilidades para incorporarse, en septiembre de 2008, al Consejo. Casado y padre de un hijo de 16 años, es amante de la música, en especial de la celta. Pero si hay algo que ejerce un imán sobre él, al margen de su profesión, es el mar. Por eso, no duda en escaparse a su refugio de Denia cada vez que puede. Eso sí, cuando llegan las Fallas, allá por el mes de marzo de cada año, no falta a la cita de todo buen valenciano y pasa las horas en su «casal» de la Plaza del Mercado.