España

El PP moviliza a sus socios de la UE para salvar la deuda española

Pedirá a los líderes europeos que no actúen con un Gobierno saliente

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Madrid- El Partido Popular continuará hoy en la Diputación Permanente del Congreso su ofensiva para movilizar al Gobierno en contra de la pretensión europea de rebajar en al menos un 5% la valoración de la deuda española en poder de bancos y cajas de ahorros, lo que exigiría una mayor recapitalización para cumplir con los objetivos mínimos de solvencia que impondrá la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés). Cristóbal Montoro aprovechará el debate sobre el Real Decreto Ley 16/2011, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, para exigir al Gobierno que haga todos los esfuerzos a su alcance para evitar que la deuda española sea considerada un activo de riesgo, como la griega.

El PP se ha quejado a lo largo de los últimos días de la inacción del Gobierno en este campo desde que se disolvieron las Cortes Generales el pasado 26 de septiembre. Según ha sabido LA RAZÓN, el principal partido de la oposición se está movilizando a través del Partido Popular Europeo para tratar de frenar la propuesta europea. «Nos rebelamos; nuestra deuda es fiable», ha destacado Fátima Báñez, diputada del PP. En su opinión, al Gobierno se le ve resignado ante la propuesta que estudia la EBA. Hasta tal punto que ha tenido que ser el líder de la oposición, Mariano Rajoy, el que haya tomado la iniciativa llamando al presidente del Gobierno el pasado lunes para que defienda con todas sus fuerzas la solvencia de la deuda española y la imposibilidad de un impago, como ha dejado entrever la EBA en su última propuesta de test de estrés para la banca.

La última oportunidad
El principal partido de la oposición se ha quejado de que el Gobierno no les hubiera comentado siquiera la importancia de lo que España se juega en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas, el domingo día 23.

Montoro arremeterá contra el Gobierno aprovechando la fusión de los fondos de garantías de depósitos de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito para defender la necesidad de que la deuda española no se vea contaminada y arrastre a la financiación de las entidades financieras, con el fin de que fluya el crédito hacia familias y empresas.

Fuentes del Partido Popular consultadas por este diario se quejan de que el Gobierno no se está moviendo en los foros de debate que preparan la cumbre, alegando que no están presentes en las grandes mesas de discusión, y que su defensa se limita a la intervención que se haga en la misma cumbre, el próximo domingo en Bruselas.

España es solvente
Fátima Báñez, diputada del PP, considera que «hay que matar el debate antes del día 23». En su opinión, cualquier escenario que ponga en duda la solvencia de la deuda española acabará provocando una rebaja del rating soberano, lo que dificultará la financiación en los mercados de bancos y cajas y acabará por limitar y encarecer el crédito. «Sin crédito y sin liquidez no es posible la recuperación económica en nuestro país», añade Báñez.

Antonio López-Istúriz, secretario general del PPE, aseguró ayer que piensa dirigirse el sábado a los primeros ministros de la familia popular «para pedirles el favor de que no apliquen medidas con un gobierno saliente por ‘‘fair play'', y teniendo en cuenta el cambio político que se prevé en España a partir del próximo 20 de noviembre».


Las cajas se suman a la «rebelión»
La cajas de ahorros aseguraron ayer en un comunicado que el estado de las finanzas públicas no justifica la aplicación de recortes en la valoración de la deuda pública española, que siempre ha gozado de neutralidad a la hora de ponderar en los requerimientos de capital. Recordaron asimismo que la legislación española exige niveles de solvencia más elevados que los europeos. La CECA se sumó a las iniciativas del PP y pidió a las autoridades españolas que hagan valer ante las instituciones europeas que la mayor restricción del crédito que cabe prever por el cambio de las reglas de juego supone una grave amenaza para la recuperación de la economía.