El Ayuntamiento de Pioz no pagará sus deudas hasta dentro de 7058 años

MADRID-Después del ultimátum que el Gobierno dio a las comunidades autónomas respecto a sus cuentas, ahora son los ayuntamientos los que se ponen en el punto de mira. El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, puso como ejemplo el pueblo de Pioz para ilustrar la situación económica que viven algunos municipios españoles. Esta localidad, situada en Guadalajara, tiene una deuda que tardarían en pagar 7.058 años sus 3.500 habitantes. El volumen alcanza los 16 millones de euros. Pero no es el único. Otro pueblo en Teruel llega a los 462 años y Alcorcón tardaría 24 en hacer frente a sus pagos, eso sí, sin intereses. Frente a este respecto, Beteta se preguntó: «¿Es posible mantener una circunstancia de esta naturaleza?».

Para solucionar estos problemas y los impedimentos que presentan algunas administraciones para realizar el pago a sus proveedores, el Secretario de Estado anunció que a finales de este mes estará listo un informe sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en la que se incluirá una lista cerrada de las competencias que podrán gestionar los ayuntamientos. Además, se potenciará la imagen de las diputaciones, que se encargarán de administrar aquellos servicios cuyos municipios pequeños no puedan. Tras la reforma de esta norma se afrontará el cambio en la Ley de Haciendas Locales para poder garantizar la capacidad financiera de los consistorios.

Aunque el Ejecutivo rechaza la fusión de los ayuntamientos, sí que concibe como factible las agrupaciones entre municipios, siempre que éstos sean voluntarios y que se hayan llevado a cabo con el consentimiento de la comunidad autónoma.

Consecuencia de estos problemas financieros , el pago a proveedores es uno de los grandes lastres de los consistorios. En total, 2.619 alcaldes presentaron el plan de ajuste que el Ejecutivo les requirió cuando se unieron al programa de pago a proveedores que el ministro Montoro anunció en marzo. De éstos, 2.305 fueron calificados como positivos, mientras que el resto (315) no fueron aceptados por Hacienda. En esta cifra se encuentran los 7.058 años de Pioz o los 24 de Alcorcón.

Antonio Beteta atribuyó la situación de estos ayuntamientos a la irresponsabilidad de algunos gestores locales. En el caso concreto del pueblo de Guadalajara, su alcaldesa, Amelia Rodríguez, acusó al anterior Gobierno del elevado déficit al que tendrán que hacer frente y aseguró que la situación interna del consistorio es aún peor: «Ya no es sólo la deuda, es que el tema administrativo está todo manga por hombro». Lejos de la anécdota, la deuda a la que se enfrentan ahora los 3.500 ciudadanos de Pioz condena a su consistorio a una hipoteca presupuestaria que no podrán solventar hasta dentro de miles de años.

Con este caso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas quiso mostrar la situación económica que viven algunos municipios, que cuentan con menos de 20.000 habitantes. Según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector local, son numerosas las entidades locales que no presentan sus balances económicos como los obliga la Ley. En 2008, la cifra ascendió a las 3.222. Respecto a estos datos, Beteta consideró que «esta circunstancia ahora es absolutamente intolerable». Es precisamente esta situación en la que se basa la reforma propuesta por el Secretario de Estado, donde el eje central es evitar las duplicidades y crear unos «estándares mínimos de calidad de los servicios que se prestan». De esta forma, aquellos que no cumpliesen con estos patrones podrían desaparecer. Así Beteta establece como fundamento para la existencia de un municipio estas exigencias y no el número de habitantes como en un principio se planteó.