Imputado uno de los ex consejeros que propiciaron el «fondo de reptiles»

Lo llamará a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Los mismos que Alaya atribuye al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero. El foco se dirige ahora hacia el consejero que precedió a Fernández en el cargo y actual secretario provincial del PSOE sevillano, José Antonio Viera. En este caso las posibles diligencias judiciales tendría que instruirlas el Tribunal Supremo, dado que Viera es aforado.

Antonio Fernández, que aseguró ayer a Ep que se siente «muy tranquilo», fue consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010. Anteriormente estuvo al frente del Instituto de Fomento de Andalucía (el extinto IFA, que luego pasó a denominarse IDEA) y ahí es donde podría localizarse su primera responsabilidad en la trama. El 17 de julio del año 2001, el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, entonces director del IFA, firmaron un convenio a través del cual las ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis se vehiculaban a través de este ente instrumental del Gobierno andaluz adoptando la fórmula de la transferencia de financiación de explotación. A partir de entonces, y hasta el año 2010, se impuso la opacidad en los trámites, ya que el dinero –647 millones de euros– no pasaba ni por el BOJA ni por el Consejo de Gobierno. Es lo que más tarde etiquetó el ex director general de Trabajo como «fondo de reptiles». La Policía Judicial aseguró que este proceso vulneraba la Ley de Hacienda y la Intervención General del Gobierno andaluz emitió tres informes en contra.

La fórmula está en el punto de mira de la investigación porque fue la que permitió que estos casi 700 millones de euros fluyeran discrecionalmente desde la Consejería de Empleo. Igual han ido a pagar prejubilaciones falsas –hay de momento 146 casos irregulares– que a objetivos tan alejados de la creación de trabajo como una residencia de ancianos. Fernández, en cualquier caso, ya es conocido en este escándalo. Figura como beneficiario en las dos pólizas de seguros que los 94 trabajadores afectados por el ERE de González Byass suscribieron en mayo de 2008.

Es decir, él mismo firmó «su» ERE, por el que recibirá más de 400.000 euros. Además, en la documentación remitida a la Delegación provincial, Fernández, que entró de botones en González Byass con 14 años, figuraba como si hubiera trabajado desde que nació.


La sombra de una veintena de imputados
- Junto a Fernández, también está imputado por la trama de los expedientes laborales el ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero.
- A ellos hay que sumar los 18 imputados del «caso Mercasevilla» en sus tres princiapales ramas: comisiones ilegales, venta de suelos y delito societario. Entre ellos figura la cúpula de la lonja pública, como Fernando Mellet o Daniel Ponce, además de ex concejales del Ayuntamiento hispalense como Gonzalo Crespo.
- La Fiscalía pide 900.000 euros para esta cúpula de Mercasevilla por reclamar una comisión de 300.000 euros a unos empresarios. También solicita esta cuantía para el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, que además «coló» de intrusos a dos cuñados en sendos ERE.
- Además de las responsabilidades judiciales, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, acaba de ofrecer su cabeza al reconocer que fue ella y no el presidente de la Junta quien recibió los informes de Intervención de 2005, 2006 y 2007 que avisaban de que la gestión de los ERE prescindía «de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».