Los «exiliados» tendrán un plazo de unos seis meses para censarse

MADRID-Tres problemas jurídicos planteados para que los «exiliados» del País Vasco y Navarra puedan votar en las elecciones autonómicas y locales, y tres soluciones a las que ha llegado la Comisión de Expertos, creada por el Ministerio del Interior y que coordina el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con su director a la cabeza, Benigno Pendás. Problemas y soluciones que se expondrán en un documento final una vez finalicen las reuniones previstas, la última de las cuales tendrá lugar esta misma semana. El texto se remitirá a Interior para que con las modificaciones que desee introducir, se inicie el trámite parlamentario para poder incorporar una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la que se contemple tal posibilidad. Será el Ministerio del Interior quien decida si esa tramitación se realiza o no por el trámite de urgencia, lo que puede resultar decisivo para que, se pueda aprobar en plazo, siempre que no se adelanten las elecciones vascas, y así votar en esos próximos comicios. Después, deberá llevarse a cabo el correspondiente desarrollo reglamentario.

Hasta ahora, el «Comité de Expertos» ha celebrado tres reuniones. En la primera de ellas, se puso encima de la mesa la «dificultad de articular jurídicamente el asunto», porque se trataba de una especie de «censo de vascos y navarros, parecido al de los residentes españoles en el extranjero, pero sólo que dentro de España». En concreto, se detectaron tres principales problemas, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.
 
En primer lugar, que no vulnerase el principio de igualdad, « por dar un derecho a unas personas y no dárselo a otras», ya que «desplazados hay en todas partes y de muy diversos motivos». Por ello, la dificultad en relación con este aspecto estaba en «justificarlo muy bien, para que nadie lo pueda acusar de inconstitucional por privilegiar a unos frente a otros».

El segundo punto de «conflicto» era demostrar que esos «exiliados» abandonaron el País Vasco «por motivos relacionados con el terrorismo», porque muchos de ellos no llegaron a presentar denuncia alguna de sufrir algún tipo de amenaza de ETA; y el tercer «problema grave» estaba relacionado con las competencias, ya que mientras que el Estado las tiene en las elecciones europeas, generales y locales, en las autonómicas la competencia es autonómica, en lo que se refiere a la condición de votantes.

Estos fueron los tres problemas que se detectaron en la primera de esas reuniones, que se han ido solventando en las otras dos que se han celebrado y que se definirán esta próxima semana. Así, para que no se pueda tildar de inconstitucional el contenido de la disposición adicional en lo que afecta al derecho de igualdad, la solución de los «expertos» pasa por justificar la inscripción en ese «censo» sólo en la violencia terrorista de quienes tuvieron que dejar el País Vasco y Navarra, aunque haya quienes también se vieron obligados a dejar su tierra por cualquier tipo de violencia. «Efectivamente, puede ser un trato especial, pero la igualdad no es tratar a todos igual, sino tratar a cada uno en función de sus circunstancias y hay desigualdades que se admiten si son para corregir desigualdades, y como esto se entiende que es una desigualdad, se trata, por tanto, de un trato discriminatorio favorable para corregir una situación de desigualdad y discriminación previa», señalaron las fuentes indicadas.

En cuanto al segundo de esos problemas, es decir, demostrar que ese abandonó fue por la amenaza o extorsión de ETA, el citado «Comité de Expertos» exigirá que se aporte documentalmente las pruebas de ello –denuncias, cartas de extorsión, atestado policial, etc– y quienes no dispongan de esa acreditación tendrán que «firmar una declaración mínima, lo menos agresiva posible, diciendo que se ha visto obligado a irse del País Vasco o Navarra por ese motivo», e incluso, en alguna reunión se llegó a plantear que sólo tuviesen que firmar una especie de formulario ya elaborado: «Con esta vía se solventaría la dificultad de la demostración».

Plazo para «censarse»
Junto a ello, y una vez que se apruebe la ley, se abrirá un plazo, que girará en torno a los seis meses, para que se puedan «censar» todos aquellos que cumplan esos requisitos. A todos esos ciudadanos se les inscribiría en el último municipio vasco o navarro donde residieron, por lo que, a partir de entonces, sería allí donde tuviesen que ejercer su derecho al voto en todos las elecciones.

En cuanto a las competencia del País Vasco respecto a las elecciones autonómicas, en lo que se refiere a los electores, se supera porque todo lo que afecta al censo es competencia estatal.

La conclusión es que, el terrorismo lo que hizo con esos ciudadanos fue «eliminarlos como vecinos» del País Vasco o Navarra, por lo que hay que reponerlos en esa condición, «y justamente donde hace falta que voten es en las elecciones locales, porque es donde inicialmente se les pretendió eliminar como vecino, y lo importante, aunque sólo sea simbólicamente, es reponerlos en su condición de vecinos vascos o navarros».

Claves de la propuesta
1.- No vulnerar la igualdad
PROBLEMA
Se analizó el hecho de que «desplazados» por cualquier tipo de violencia no era algo exclusivo del País Vasco o Navarra.
SOLUCIÓN
La de los 20 miembros que forman el «comité de expertos» es que se trata de «corregir desigualdades y una discriminación previa».

2.- El terrorismo como causa de la marcha
PROBLEMA
Hay que demostrar que el abandono del País Vasco o Navarra tuvo como causa el terrorismo.
SOLUCIÓN
Habrá dos cauces: justificación documental, quien disponga de ella, o una «declaración mínima, lo menos agresiva posible de que ese fue el motivo».

3.- Competencia para la condición de elector
PROBLEMA
En el Estatuto de Autonomía del País Vasco se habla se que se ha de tener la condición de vaso.
SOLUCIÓN
«El problema se soluciona porque la competencia en todo lo que afecta al censo es estatal» y, en este caso, se trata de que puedan figurar en el censo del último lugar donde residieron.

Consejo de Gobierno extra en agosto
El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, destacó ayer que el Ejecutivo vasco celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en agosto por la «situación económica» actual y porque «uno no puede tomarse todo el mes de agosto como si aquí no pasara nada», no porque se vayan a adelantar las elecciones. En declaraciones a la Ser, y preguntado por si esto podría significar un adelanto electoral, Pastor matizó que «se ha magnificado la convocatoria» y señaló que «siempre hay un Consejo de Gobierno a finales de agosto». Además, aprovechó para criticar las medidas del Gobierno de Rajoy.