Zapatero debe concretar

El presidente del Gobierno comparecerá hoy para detallar el nuevo plan de ajuste fiscal acordado con la Unión Europea. El genérico compromiso de reducir el déficit público en 15.000 millones de euros adicionales en dos años deberá ser concretado en el Congreso. Tan importante como que Zapatero especifique de dónde procederán los recortes será que gane la batalla de la credibilidad. Este Ejecutivo ha dado razones suficientes para que Europa y la opinión pública desconfíen de sus palabras. Esa pérdida de crédito ha sido el motivo por el que los mercados le han dado la espalda hasta situar nuestra deuda en un estado de precariedad. La credibilidad es un factor imprescindible para la recuperación y sólo se conquista desde el rigor, cualidad de la que ha carecido la administración socialista. Más allá de que la canciller Merkel entienda que España debe ahorrar más y no limitarse sólo a 30.000 millones –algo en lo que hasta el presidente Obama coincide, como puso ayer de manifiesto en una conversación con Rodríguez Zapatero, al que pidió reformas– cuesta creer que esa importante reducción se pueda alcanzar conforme a los parámetros avanzados por la vicepresidenta Elena Salgado: sin tocar las prestaciones ni el gasto social, ni el sueldo de los funcionarios ni mediante una subida de impuestos. Algo así como la cuadratura del círculo. Que se pretenda, como se ha hecho hasta la fecha, meter la tijera en las cuentas públicas sin sacrificio ni desgaste político alguno no es realista y nos aboca a un fracaso que ya conocemos. Necesitamos un ajuste equivalente al 1% del PIB para este año y de un 2% para el próximo ejercicio, lo que no se logra con retoques u operaciones de cosmética tan del gusto gubernamental. En este caso, contamos con la ventaja de que las autoridades comunitarias supervisarán la ejecución del plan de ajuste español, circunstancia sintomática sobre la confianza que genera el Gobierno socialista. Es evidente que cualquier recorte como el previsto debe contemplar decisiones complejas, pero imprescindibles, como la congelación del sueldo de los funcionarios –un sacrificio ligado a la seguridad laboral–; reducción de plantillas y otros ajustes en el sector público, que deben abarcar un drástico recorte de hasta el 25% de altos cargos, acordado en su día en el Congreso; la desaparición de ministerios como el de Igualdad, Vivienda y la Vicepresidencia tercera, y la venta de activos, entre otras. El objetivo sería, además de adelgazar el tamaño de la administración, mejorar su eficacia. Entendemos que la austeridad debe condicionar también la política de subvenciones, tan dadivosamente repartidas estos años. Las reformas estructurales, como la del mercado laboral, que debe ir acompañada de políticas activas de fomento de la ocupación para lograr una reducción en los costes por desempleo, o la de las pensiones, repercutirán positivamente en el gasto público. Aunque la responsabilidad principal corresponde a la Administración central, comunidades y ayuntamientos deben afrontar un ajuste proporcional. Estos esfuerzos de hoy deben aportar soluciones para que España no se asome al abismo griego. El Gobierno está ante su última oportunidad. En su mano está cambiar la política responsable de este panorama crítico.