Las autonomías hacen su parte

Los datos analizados por el Ministerio de Hacienda confirman el hecho de que las comunidades autónomas están recortando sus gastos, algo que no ocurría desde que se estableció el sistema autonómico en nuestro país. El ajuste, con Cataluña, Valencia y Andalucía a la cabeza, está suponiendo un enorme esfuerzo para los distintos gobiernos regionales, que el martes deben pasar un nuevo examen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es probable que el Gobierno exija más medidas de corrección a algunas de las autonomías, cuyos ingresos han caído muy por debajo de las previsiones, pero lo importante es que en todas, en mayor o menor grado, se ha instalado el convencimiento de que es imprescindible contener una deriva presupuestaria que no ha hecho más que aumentar en los últimos treinta años, y todas se han puesto manos a la obra. Ése es, sin duda, el camino a seguir, y más cuando parece crecer en la opinión pública española la idea de que la causa de todos nuestros males reside en la organización del Estado autonómico que consagra la Constitución y no en la desmesura del gasto. Incluso con todas las disfunciones que se quieran poner sobre la mesa, la España de las autonomías ha demostrado su viabilidad y ha contribuido a asentar el sistema democrático. De la misma manera que no se puso en duda la bondad de la estructura federal del Estado alemán, cuando ese país atravesó una dura crisis económica hace una década, parece absurdo replantearse la estructura del Estado español ante una situación que, por muy grave que sea y por más que se prolongue en el tiempo, no deja de ser coyuntural. El problema no es el modelo autonómico, sino la deficiente gestión presupuestaria que, a caballo del «boom» inmobiliario, impulsó unas políticas insensatas que han llevado a la sobredimensión administrativa de las comunidades autónomas y al disparate de que cada una de ellas replicara milimétricamente la organización del Estado central.

No hay, pues, razones válidas para desenfocar el problema. Lo que está en juego es la vuelta al equilibrio de las cuentas autonómicas, con la racionalidad en el uso de los impuestos que se debe exigir a cualquier responsable político. Y en ese campo, el Gobierno debe mostrarse inflexible, lo que no significa que no esté obligado a facilitar los medios de crédito de que dispone. Hoy, Mariano Rajoy se reúne con sus barones autonómicos, pero también con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. A todos debe trasmitirles la importancia de que se produzca una respuesta unitaria ante los inevitables ajustes. España está colocada bajo la atenta mirada de Bruselas y de los organismos internacionales, de quienes depende el urgente apoyo financiero que necesita nuestro país.