PP y CiU se unen para boicotear el «golpe» al ahorro

De las comunidades del PP, sólo Extremadura, y por la hipoteca del acuerdo con IU, se ha mostrado partidaria, expresamente y sin titubeos, de la recuperación de este impuesto. El acuerdo de investidura de José Antonio Monago con la coalición de izquierdas incluía el mandato de instar al Gobierno a reactivarlo y ahora el Ejecutivo extremeño defiende su autonomía respecto a la dirección nacional del partido. En Galicia, donde también gobierna el PP, la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, precisó que el Impuesto de Patrimonio es «anecdótico» y está «desnaturalizado», por lo que, de restablecerse, habría de «mejorarse técnicamente». Ante la pregunta de si lo aplicarían, de recuperarse, indicó que prefiere esperar a ver si esto se aprueba, aunque este impuesto –insistió– «ha ido perdiendo su razón de ser». Por debajo del ruido del debate electoral, en Génova reflexionan sobre el alcance de la ofensiva del Alfredo Pérez Rubalcaba para marcar la agenda del discurso político con sus «guiños» a la izquierda y al 15-M.

En relación al Impuesto del Patrimonio, también CiU criticó ayer la propuesta por «electoralista» y «populista». El portavoz catalán en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, tachó de «populista» la medida y apostó por reformar la fiscalidad «con seriedad» y sin «penalizar el ahorro» para no perjudicar a las clases medias, informa Efe. A su juicio, «simplemente restituir el Impuesto del Patrimonio es una barbaridad». Duran recordó además a Rubalcaba que se trata de un impuesto cedido a las comunidades y que si quiere volverlo a aplicar, el Estado debe modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Al PNV tampoco le hace gracia la situación. El presidente del PNV en Vizcaya, Andoni Ortuzar, acusó ayer al PSOE, al Gobierno central y a su candidato a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, de convertir «el tema fiscal» en un «pequeño "vodevil"». El líder nacionalista recordó que el impuesto de Patrimonio existía hace cuatro años «y el señor Zapatero se lo cargó de la noche a la mañana» y «obligó a los demás a quitarlo», como fue el caso de las tres Diputaciones, «para evitar el riesgo de deslocalización».