No hay libertad para elegir sanidad

Cualquier medida que aumente la libertad de elección de los ciudadanos tiene que ser bienvenida, porque supone un avance para nuestra democracia. Por ejemplo, la libre elección de médico y centro que se ha implantado en la Comunidad de Madrid, fuera de cualquier interés electoralista, ha sido un éxito tanto en su implantación como en el resultado y obviamente también en el impacto que esta medida ha tenido en la satisfacción de los ciudadanos.
Con la elección de la sanidad privada pasa lo contrario. El usuario del sector privado, que lo es porque paga voluntariamente un complemento por su salud, no sólo se le condiciona su elección por medio de una defensa innecesaria del sector público, sino que puede encontrar restricciones por el hecho de ser usuario del sector privado. Asi, el ciudadano que decide elegir el sector privado por el motivo que considere y que puede desde que en su población los recursos públicos sean insuficientes, o porque considere que dada la crisis que estamos padeciendo, por un interés solidario, es mejor liberar al sistema público de su gasto, porque él se lo puede permitir, se encuentra con una campaña de publicidad permanente, que se puede resumir en que todo lo bueno que acontece en salud en este país es gracias al sistema público y que el sistema privado lo que tiene que hacer es revisar su cuestionada calidad. El ciudadano que decide elegir el sector privado produce una disminución de gasto al sistema sanitario público, que puede ser hasta de 1189 euros por persona y año –sin contar el ahorro farmacéutico que se lo financia de su bolsillo– y como recompensa a este favor a las arcas públicas, no recibe ningún reconocimiento, ni beneficio por parte del sistema.
El ciudadano que decide elegir el sector privado utiliza los recursos sanitarios privados hasta donde la cobertura que ha contratado le permite o ¿tiene que tener también la obligación de contratar un seguro con cobertura total? Es lo mismo, porque nada de lo que se haya realizado en el sector privado a pesar de que la tecnología y los profesionales son los mismos, le va a servir en el público. Lo peor es que, cuando la cobertura de su seguro no alcanza su necesidad, se le conmina a que eche la culpa a la aseguradora, en vez de no reparar que el problema no está en ella, sino al otro lado del sistema, ya que además de pagar voluntariamente su seguro privado, está pagando a través de sus impuestos un sistema público al que tiene derecho.
Lo que aquí se denuncia es injusto y nadie hace nada para evitarlo. El copago voluntario, hoy es un auténtico copago de castigo que tiene como consecuencia la ineficiencia del sistema y el desaprovechamiento de los recursos sanitarios. Dejemos libertad a los ciudadanos para que elijan lo que quieran, porque la sanidad pública no necesita defenderse de nadie, su defensa viene garantizada por la Constitución y permitamos como pasa en todos los países de nuestro entorno la integración de los recursos públicos y privados en torno al paciente que debe de ser el único objetivo que debe de perseguir y mover cualquier interés sanitario.