La Rioja
Rajoy propone reducir 50 diputados y 20000 ediles
Pedirá a los partidos un acuerdo para que se rebaje de 350 a 300 los escaños del Congreso. Aznar pide en la apertura del cónclave popular en Málaga una mayoría holgada porque el nuevo presidente recibirá una «ruina económica»> Aznar pide el voto masivo para la «Revolución de la Normalidad» > ANÁLISIS: ¿Urge una reforma laboral?; por Francisco Aranda Manzano > ANÁLISIS: ¿Cómo se cambia la Ley?; por Jorge UROSA >Un contrato único contra la temporalidad > Fin a la legislatura de la crisis; por Cristóbal MONTORO > Tomé: «Tenemos que proyectarnos en el mundo con orgullo de ser español» > Otra forma de hacer política; por Antonio Isturiz > «Mariano, eres nuestro futuro»; por Lidia Jiménez
Mariano Rajoy propondrá desde La Moncloa un gran acuerdo a los demás partidos para reducir el número de diputados nacionales, autonómicos y concejales. La iniciativa cuelga de su política de austeridad y, en concreto, del capítulo que quiere escribir para adelgazar el peso político en la vida española.
En el Partido Popular ya están hechos los estudios sobre cómo llevar a la práctica esta teoría. Un Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta, podría tirar adelante por sí solo mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que le permitiría actuar en el ámbito del Congreso y de los ayuntamientos. En el primer caso, la idea que barajan es llevar la reducción hasta el mínimo constitucional, es decir, dejar los actuales 350 escaños en 300. Y en el caso de los ayuntamientos, el objetivo sería pasar de los 70.000 concejales que hay ahora a unos 50.000.
Desde el Gobierno no se puede condicionar el tamaño de los parlamentos autonómicos, pero en el PP sostienen que si actúan en esa dirección a nivel nacional y municipal, sería difícilmente sostenible que las comunidades no avanzaran por el mismo camino. Hay que tener además en cuenta que, desde las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, la mayoría de los Gobiernos autonómicos está en manos del PP.
Mayoría absoluta necesaria
Para aprobar esa reforma de la LOREG el PP necesitaría 176 diputados, es decir, la mayoría absoluta, porque se trata de una ley orgánica (a día de hoy, cuentan con poder confirmarla en las urnas el 20-N). En la representación en el Senado no se puede hacer ningún cambio sin una reforma constitucional.
Rajoy «ha comprado este proyecto», confirmaron ayer tarde fuentes de su entorno a este diario. «En España sobran cargos electos y, además de reducir ministerios y altos cargos, hay que extender la austeridad un paso más allá», explican las fuentes consultadas. Pero el líder de los populares también es consciente del cambio sustancial que supone llevar a la práctica esta iniciativa y de la conveniencia de que cualquier modificación en el ámbito electoral se haga siempre con consenso.
Posibilidad de un pacto nacional
Por eso es partidario de formular la propuesta bajo la oferta de un pacto nacional, aceptando, incluso, que en el mismo haya margen para hablar de una reforma de la Ley Electoral en lo que afecta, por ejemplo, a la proporcionalidad de nuestro modelo. Esto son ya palabras mayores. Las minorías, IU y UpyD, esta última incurriendo en contradicciones con su discurso a nivel municipal, vienen demandando un incremento del número de diputados en la Cámara Baja con el argumento de que eso ayudaría a corregir las desviaciones que hacen que en muchas provincias el umbral real para tener representación no sea del 5 por ciento sino del 20 por ciento.
Ayer Rajoy abrió este debate en público casi de puntillas, al hacerse eco de algunas de las propuestas que los ciudadanos le habían hecho llegar a través de su nueva página web. También colocó encima de la mesa otro debate muy del gusto de la calle, el de la limitación por ley de mandatos. El ámbito más pertinente para esta limitación es el autonómico, y éste es posiblemente el mejor momento para afrontar la discusión, ya que la mayoría de los presidentes son nuevos y algunos de los veteranos, como el de Murcia o La Rioja, están pidiendo pasar al banquillo.
Pero la materialización de este cambio es todavía más difícil que en el caso anterior puesto que regularizarlo a nivel nacional o autonómico exigiría su constitucionalización.
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