200000 españoles sin derecho a una sanidad gratuita

Las cifras hablan por sí solas: cerca de 200.000 personas carecen de cobertura sanitaria y cientos de miles de familias corren el riesgo de perder su casa. Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe «Derechos a la intemperie», presentado ayer.

«La sanidad y la vivienda son derechos que no están considerados como fundamentales en la Constitución. No tienen preferencia. De hecho, el Tribunal Constitucional no admite que sean objeto de amparo», afirmó ayer Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. La ONG alza la voz contra lo que considera un «déficit» en nuestro país de la protección jurídica de derechos económicos, sociales y culturales, que son tratados como «meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos sobre la vida de las personas».

No en vano, recuerda la ONG, en España contabilizamos ya a nueve millones de personas que viven en la pobreza. Así, Amnistía Internacional no vacila en considerar estas privaciones como ejemplos de «violaciones de los derechos humanos».

En el caso de la falta de asistencia sanitaria, la ONG afirma que, de esas 200.000 personas –aunque la cifra podría ser mayor, afirma Amnistía Internacional–, se encuentran aquellas que no tienen acceso gratuito debido a que no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo, los que no han trabajado nunca o aquellos que pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. No es éste el único síntoma de los males sanitarios. Irene Muñoz, asesora jurídica de la confederación de enfermos mentales FEAFES, recordó el «estigma» con el que carga este colectivo y denunció «los internamientos no voluntarios» de los pacientes, «que fueron comparados por la ONU con las torturas».

El problema de la vivienda es especialmente preocupante. La ONG recuerda que la ONU ya alertó en 2008 de varias amenazas que durante estos años se han tornado en auténticos dramas. Naciones Unidas avisó del alto nivel de endeudamiento de las familias por los créditos hipotecarios, «lo que podía traer problemas de pago en el futuro». Y así ha sido: de 2007 a 2010, se produjeron más de 271.000 ejecuciones hipotecarias.

Un ejemplo del problema lo hallamos en los asentamientos en la madrileña Cañada Real Galiana, donde podrían ser desalojadas entre 25.000 y 40.000 personas de manera forzosa.