La Junta no pide fianza para Rivera y la Fiscalía le reclama 57 millones

SEVILLA-La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los ERE, no pidió ayer ninguna medida cautelar para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, por su responsabilidad en la tramitación de ayudas públicas sin presuntamente respetar la legalidad vigente. Este hecho contrasta con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó que se impusiera una fianza por responsabilidad civil de 57 millones de euros. El PP y el sindicato Manos Limpias se adhirieron a la petición del Ministerio Público. UGT, por su parte, asumió la petición de la representación letrada del Gobierno andaluz.

La Junta tenía una difícil situación con Rivera, persona a la que siempre ha defendido. De hecho, le paga el abogado. No parecía razonable que se le exigiera una fianza y al mismo tiempo se abonaran los gastos de su defensa.

¿Cómo ha sorteado esta contradicción? Sin petición alguna, y, casualmente, cambiando de abogado. Hasta el día de ayer, los servicios jurídicos de la administración andaluza estaban representados en la causa por Ignacio Carrasco, que según varios letrados ha utilizado siempre «criterios técnicos» en sus peticiones. El miércoles, primer día de la declaración de Rivera, Carrasco asistió acompañado de Mercedes Izquierdo, letrada de la Junta de Andalucía y ex directora general de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes entre 2003 y 2006. Ayer, estuvo sola y fue la que anunció en la vista de medidas cautelares la decisión de la Junta. En los pasillos de los juzgados, aseguraba que su presencia allí era «normal» y que se debía a «problemas de agenda» de Ignacio Carrasco.

La dirección letrada de la Junta ha sido muy criticada públicamente desde sectores del PSOE, especialmente tras el encarcelamiento de Antonio Fernández. El ex vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, llegó a decir que no defendió las políticas de empleo del Gobierno andaluz. Abogados presentes en la causa aseguran que el anterior letrado sufrió «presiones». De momento, en esta ocasión no ha estado.

Su alegato: «Un corrupto no puede ser socialista»
La declaración de Rivera durante la jornada de ayer fue similar a la del miércoles: no asumió ninguna responsabilidad y señaló que él se limitaba a firmar lo que su equipo le preparaba, señalando especialmente a su ex asesora María José Rofa, imputada en la causa pero que ha aportado mucha documentación a la Guardia Civil. Hubo incluso momentos de discusión con la magistrada, que le reprochó su falta de diligencia y le recordó que él era el responsable de la conformación de su equipo de confianza. En su alegato final, Rivera esgrimió que pese a manejar grandes cantidades de dinero público no se ha enriquecido y señaló que «un corrupto no puede ser socialista». Frases similares ha pronunciado en el Parlamento el ex consejero de Empleo Manuel Recio, la persona que lo nombró.