La Fiscalía pide que la ley permita destruir la droga en un breve plazo

MADRID- La Fiscalía de Sevilla ha advertido del grave problema que representa el hecho de que la droga incautada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permanezca largo tiempo en las comisarías, dado los «riesgos inherentes a la tenencia de dichas sustancias». Por ello, ha planteado la necesidad de abordar una reforma legal que permita que esa custodia se reduzca al tiempo mínimo indispensable para practicar las pruebas necesarias, y, de esa forma, permitir «agilizar» su destrucción, algo que sólo se puede llevar a cabo tras recibir la autorización del juzgado correspondiente.

Para apoyar esas tesis, el Ministerio Público destaca que la ausencia de pronunciamiento y de comunicación por parte de los juzgados a los depositarios –las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Laboratorio Territorial de Drogas– está «ocasionando un problema de envergadura, por su volumen y por los riesgos inherentes a la tenencia de dichas sustancias». La petición se recoge en un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado, y recogido en su Memoria de 2009.

Y ello porque, añade la Fiscalía, al margen del natural deterioro de las drogas, puede incluso generar «problemas sanitarios, dada la poca idoneidad de los lugares utilizados como depósito, no por estar destinados adecuadamente a ello, sino por necesidad, como ocurre con los depósitos existentes en sedes policiales». De esta forma, la pretensión del Ministerio Público es que, «para hacer eficaz el automatismo en la destrucción de las drogas», tal como se desprende de la norma actualmente vigente, una vez dirigida al juzgado una simple comunicación por parte del depositario oficial de esas sustancias estupefacientes se pueda destruir las mismas de no recibirse una orden contraria por parte del juez en un «tiempo prudencial». Para poderse llevar a cabo, sería necesario reformar el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige taxativamente el pronunciamiento judicial para que se pueda proceder a esa destrucción.

Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla se ha pronunciado igualmente a favor de una reforma legal que reconozca «expresamente» a los laboratorios de la Policía Científica el rango de laboratorios oficiales, para que, de esa forma, sus informes tengan carácter de prueba documental.

En relación con las drogas, la legislación vigente sólo atribuye ese carácter al Instituto Nacional de Toxicología y al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno o a la correspondiente unidad administrativa equivalente en el territorio de que se trate. Con la actual legislación, los análisis de la Policía Científica no tienen consideración de «pericia oficial», y, por tanto, no cuentan con ese «plus de fiabilidad» que se otorga a las que sí la tienen.

Por ello, aboga porque los informes procedentes de esos laboratorios adquieran legalmente el rango de laboratorios oficiales, equiparables a los del Instituto Nacional de Toxicología y del Área de Sanidad, a los efectos de quepuedan considerarse prueba pericial.

Cuatro imputados y un mando policial bajo sospecha
Por el robo de 150 kilos de droga de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía permanecen imputados el policía de la escala básica Lars S. M., su esposa y un matrimonio de Coria que se encargaba de distribuirla. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 19 rechazó imputar al ex jefe provincial de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), F.T., después de que los dos principales imputados en la causa dijeran que fue él quien les requirió para que hicieran los paquetes falsos de droga con los que, posteriormente, se hizo el cambio. La juez determinó tras una investigación «exhaustiva» centrada tanto en las comunicaciones como en el patrimonio del ex responsable de la Udyco, que «no hay indicio alguno de su participación en el robo de la droga. Tanto el agente del Cuerpo Nacional de Policía en excedencia Lars S.M. como su supuesto cómplice, M.A.N., coincidieron en decir que fue el ya ex jefe de la Udyco quien solicitó a Lars que hiciera una serie de paquetes falsos al objeto de emplearlos en una operación antidroga.