Una muerte digna sin presupuesto

En el mismo sentido, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, declaró a Servimedia que el proyecto de ley «excluye de manera explícita la eutanasia». Así respondían a una nota de la Conferencia Episcopal en la que se enumeraban algunos puntos por los que se «abría la puerta» a prácticas eutanásicas», a saber: la «sedación inadecuada», el «abandono terapéutico», la «omisión de cuidados debidos», «omisiones que de modo directo aceleran el proceso de la muerte» y peligros para la objeción de conciencia del personal sanitario, quienes «quedan reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes».

Son puntos muy concretos, «coladeros» para la eutanasia, que ni Leire Pajín ni Marisol Pérez quisieron abordar. Ambas políticas se extrañaron de que hace pocas semanas el cardenal Antonio María Rouco hubiese expresado una cautelosa primera opinión a favor de la ley. «La ley no ha cambiado, sino que, en todo caso, ha sido mejorada porque hemos incorporado algunas sugerencias importantes del sector profesional, de los médicos, donde esta ley tiene un gran consenso», declaró la ministra Pajín.

No piensan igual en la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc). «Los enfermos necesitan recursos para las unidades paliativas y para las familias con enfermos terminales en casa, y esta ley no aporta ni un euro», denuncia el portavoz de Andoc, Juan Molina. «Lo mismo pasó con su reciente predecesora, la ley hermana sobre muerte digna que aprobaron en Andalucía. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos señaló todos sus fallos, pero la administración no hizo caso. Una vez hecha la prueba en Andalucía, viendo una resistencia poco eficaz entre los profesionales, ahora la implantan a nivel nacional», afirma Molina.

«La realidad andaluza con la nueva ley es que a un enfermo catalogado "no rentable"se le envía a su casa, sin supervisión, sin atención profesional, con estos calores de verano. Nadie ha creado ni paga un sistema de supervisión domiciliario. Cuando por fin el paciente se pone muy mal, una cara ambulancia medicalizada le lleva al hospital a hacer una cola inútil y dañina en su crítico estado. Al final, el enfermo se siente tan mal tratado que suplica por la muerte. Y ahí entra la eutanasia encubierta. Habiendo técnicas éticas y tecnología para morir sin dolor, no se usan debido a protocolos torpes y una nula financiación», denuncia Molina.

¿Una ley sin ayuda al enfermo?
Dr. Josep Mª Simón Castellví Fed. Int. de Asociaciones Médicas Católicas

¿Es esta ley un «coladero» para la eutanasia encubierta?
–Aunque no lo declare en teoría, puede serlo en la práctica. Es confusa, mucha gente puede interpretarla a su manera, sobre todo cuando hay tantas presiones para reducir gastos. En cualquier caso, esta ley no ayuda a evitar malas prácticas ni abusos. No ayuda en nada al enfermo. No aporta ni un euro a cuidados paliativos, que es lo que de verdad mitiga el dolor y el sufrimiento.

Leire Pajín dice «ofrece garantías a los pacientes y profesionales»
–Yo no las veo. El texto es un refrito de otras leyes (la de autonomía, la de información al paciente, por ejemplo). Imaginemos que a un enfermo le matan usando o abusando de esta ley: ¿qué garantías se dan? ¿Le van a devolver la vida?

¿Por qué los médicos son reticentes a la voluntad del paciente como único criterio de acción?
–Con ese criterio, un paciente o su tutor podría pedir una sedación u otra medida que desde la ética médica aceptada por todos no tiene sentido. La ley habla de la sedación como un derecho, lo cual es absurdo: es una técnica gradual que los médicos ya aplican bien, con ética.