Discapacidad por Ana PASTOR

Las personas con discapacidad, gracias al trabajo del movimiento asociativo y al mayor compromiso de los poderes públicos, de los partidos políticos y de la sociedad en general, han experimentado avances y progresos que han mejorado sensiblemente sus niveles de normalización social y participación ciudadana.
Sin embargo, estamos todavía lejos de una situación satisfactoria. Las personas con discapacidad, y sus familias, son aún un grupo en riesgo cierto de exclusión, que precisan de legislación y de políticas activas y enérgicas que promuevan su inserción y plena equiparación social. ¿Cómo podemos hacer para reforzar la política sobre discapacidad y lograr la integración, dignidad y normalización de las personas con discapacidad?

En primer lugar, tenemos que alcanzar un Pacto de Estado en materia de discapacidad que oriente las políticas públicas en la próxima década. Hay que cumplir la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la ONU en 2006 y ratificado por España para promover, proteger y asegurar en condiciones de igualdad todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad.

Desgraciadamente la Convención, que está vigente en España, no ha alcanzado un nivel de aplicación aceptable: la imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a los edificios públicos, la educación que mantiene demasiadas puertas cerradas en los niveles medios y superiores, la precariedad en el empleo, las dificultades añadidas que viven las mujeres con discapacidad o los mayores que no pueden valerse por si mismos, son asignaturas pendientes. Hay que dar el paso de los servicios sociales a los derechos sociales. Unos derechos sociales universales, vinculantes, exigibles e iguales para todos los españoles y regular mecanismos eficaces y rápidos de protección y tutela que garanticen su ejecutividad. Y por último, se debe garantizar la accesibilidad para todas las personas en toda la provisión de bienes, productos y servicios para poder disfrutar de una vida normalizada e independiente de las personas con discapacidad.