Una inyección contra el paro por Lorenzo Amor Acedo

Los 35.000 millones de euros que recibirán las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través del crédito sindicado aprobado por el Gobierno serán una enorme inyección de liquidez para la economía. Y no pretendo agarrarme a una frase hecha movido por una especie de espíritu voluntarista. Lo digo porque los autónomos, que por fin cobrarán lo que se les debe, suponen el 80% del sistema productivo del país, es decir, representan buena parte de la economía real de España, esa que debería ir con mayúsculas para diferenciarla de otro tipo de economías puramente especulativas. Por si alguien aún no ha hecho el cálculo, estamos hablando de pagar unos 4 millones de facturas, de que cobren 1,4 millones de autónomos –muchos de ellos al borde del cierre– a los que se les debe la friolera de 15.300 millones de euros. Estamos hablando de que comience a moverse de nuevo el dinero en España, que ha estado parado durante demasiado tiempo. Porque, repito, somos los autónomos los que con nuestros pequeños negocios damos cuerda cada mañana al reloj de este país, engrasamos los engranajes de la economía, de muchas grandes empresas, y alimentamos con nuestros impuestos y cotizaciones, también con el empleo que generamos, el Estado del Bienestar.

Por tanto, bienvenidos sean estos 35.000 millones de euros que van a entrar como una transfusión en nuestra enferma economía. Máxime porque, a lo mejor, también sirven para frenar la sangría del paro. Muchos de los que en los próximos meses recuperen el importe de las facturas que mantenían con las administraciones quizá ya no tengan que cerrar sus negocios, quizá obtengan un respiro y no se vean obligados a echar a sus empleados. Tal vez, incluso, gracias a una reforma laboral que nos rebaja a los autónomos los costes de contratación, alguno se lance a crear algún empleo. Yo confío en que sea así por el bien del mercado laboral después de conocer los funestos datos del paro registrado.

Pero aunque no sabemos a cuánto asciende exactamente la deuda de las administraciones públicas con sus proveedores, me gustaría que este plan del Gobierno sirviera para ayudar a poner el contador a cero en lo que se refiere a la morosidad de las administraciones públicas, en general, y particularmente con los autónomos. A partir de que surta efecto y se comiencen a pagar las facturas a empresas y autónomos sería deseable que se exigiera el cumplimiento riguroso de la Ley de Morosidad, que obliga al sector público a pagar este año en 40 días y, el que viene. en un máximo de un mes.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA que presido celebra que el plan del Gobierno para que las administraciones abonen sus deudas pendientes con proveedores vaya concretándose paso a paso y que en él se impliquen prácticamente todas las entidades financieras y el ICO. Pero es necesario que las microempresas no sean obligadas a aceptar quitas si quieren cobrar antes. Los autónomos son el eslabón más frágil de la cadena de proveedores y se les debería ofrecer un trato diferenciado en el cobro de sus deudas respecto a las grandes empresas proveedoras, ya sea porque sus facturas son más reducidas como por la enorme necesidad que tienen en cobrarlas para mantener sus negocios a flote. Malo sería que como en los viejos concursos de acreedores, quienes pueden permitirse sacrificios porque sus deudas son más abultadas, acaben con los activos disponibles.

Lorenzo Amor Acedo
Presidente Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA