Pagan los ciudadanos

Ahora parece como si todos los males del país se fueran a solucionar con la jubilación a los 67 años. Es evidente que tal medida permitirá pagar menos a más personas durante más tiempo, lo que tendrá un impacto positivo en las cuentas del Estado. La jubilación a los 67 se implanta por eso y porque los alemanes sostienen, no sin razón, que es increíble que ellos se jubilen a esa edad y nosotros, con más problemas y necesitados de ayudas europeas, tengamos una situación mejor que Alemania en cuanto a pensiones. Por tanto, la edad de jubilación formal se va a subir a 67 sí o sí, y además la decisión debe tomarse a toda prisa, antes de que nos visite la próxima semana Angela Merkel, que es la que manda.

Pero el planteamiento que se hace sobre la cuestión no me parece correcto. Fundamentalmente porque consiste una vez más en cargar sobre las espaldas de los ciudadanos el peso de la crisis. De acuerdo en que todos tenemos que apretarnos el cinturón. El problema que veo es que se pretende reducir el déficit sólo a costa de subir impuestos, recortar salarios, abaratar despidos, disminuir las prestaciones y retrasar la jubilación. Es decir, haciendo de paganinis de la situación, sin adoptarse previamente otras medidas de recorte de gasto en la burocracia del Estado. Que es lo grave, ciertamente. Porque entiendo que pueda ser necesario retrasar la jubilación, pero habría que hacerlo solo una vez que se hayan aprobado y aplicado severas medidas de ajuste en el gasto corriente, suprimiendo prebendas parlamentarias, coches oficiales, viajes innecesarios, empresas municipales o autonómicas públicas o semipúblicas, radios y televisiones deficitarias, estamentos sindicales, partidos políticos, subvenciones a amigos, embajadas estratosféricas, pinganillos para la traducción simultánea y derroche en general. Esto puede sonar a demagogia, pero no lo es. Es lo que corresponde hacer antes de entrar a saco con los sueldos y las pensiones de los ciudadanos, de momento los únicos afectados de manera severa por la crisis.

En lo que se deberían poner de acuerdo PP y PSOE, antes que nada, es en racionalizar el Estado de las Autonomías. Racionalizar no significa suprimir, sino acotarlo con techos de déficit, mandatos claros en lo que se refiere a la posibilidad de contar con empresas públicas ruinosas y evitar la ruptura de la unidad de mercado. Algo que no es exclusivo de los nacionalistas o los socialistas, sino también de los gobiernos del PP. La Xunta, por ejemplo, acaba de decidir por su cuenta excluir de la financiación pública a medicamentos que sí son financiados en el resto de las autonomías. Desconozco si tiene razón o no Núñez Feijoó, pero lo que parece evidente es que debiera haber unidad de actuación en este y otros ámbitos de decisión que nos afectan directamente a todos los españoles.

Jubilación a los 67, de acuerdo, porque parece que no hay más remedio. Pero que recorten antes privilegios y metan un poco de racionalidad en este monstruo autonómico que hemos creado. El problema es que no lo harán.