El Defensor evita mojarse sobre la ley de reordenación del sector público

 En una respuesta al Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), firmada por Chamizo el 30 de septiembre, y a la que ha accedido LA RAZÓN, la institución acuerda «poner en conocimiento del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales» las discrepancias del sindicato. Sin embargo, sortea la mayor: instar a la Defensora del Pueblo español, María Luisa Cava, a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 5/2010 de reordenación del sector público, tal y como requirió Safja, acogiéndose al artículo 26 de la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo andaluz.

En el ambiguo escrito rubricado por Chamizo se alega que el «asunto está pendiente de resolución judicial». En este sentido, alude a «impugnaciones ante el TSJA» que «han sido inadmitidas por considerar la norma impugnada de rango de ley y, por tanto, situando el debate procesal en sede constitucional inhibiéndose a favor de dicho Tribunal».

En este punto, es preciso trazar dos matizaciones. La primera, es que el Decreto Ley de reordenación del sector público, en sí mismo, no está pendiente de resolución judicial o «sub iudice», en tanto que el único órgano legitimado es el Constitucional y, hasta el momento, no se ha interpuesto un recurso ante el Alto Tribunal. Ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha entrado a valorar la posible cuestión de inconstitucionalidad. En segundo lugar, el Defensor aplica los requisitos de admisión de quejas, cuando la petición que hace Safja para instar al Defensor del Pueblo nacional a la interposición de recurso sigue unos criterios distintos. Así se ha puesto de relieve en anteriores demandas.

Hay que recordar que la reordenación acometida por la Junta de Andalucía, que entraña la supresión de 111 de sus 350 entidades instrumentales y la modificación de otras 16 afecta a un total de 23.476 personas. De éstas, sólo 2.069 son funcionarios, mientras que 1.474 corresponden a personal laboral de la Administración y 19.933 son las que ya trabajan en el sector público empresarial.