Dignidad frente a negocio

En sus orígenes, el Ministerio de Igualdad fue concebido para emprender políticas activas contra el sexismo en nuestra sociedad con la prioridad –junto con los ministerios de Justicia y de Interior– de frenar las dantescas cifras de malos tratos y elevar a la mujer al estatus de dignidad y reconocimiento social que se merece. Si hay una actividad que rebaja y denigra la condición femenina, es la explotación sexual, sobre la que las administraciones mantienen una actitud contemplativa en demasiadas ocasiones. Hemos echado en falta que el Ministerio que dirige Aído actuara con la determinación necesaria en este campo y en situaciones que afectan directamente a los medios de comunicación. La publicación de anuncios sexuales en la prensa ha sido tolerada por la Administración como si de una actividad comercial o mercantil más se tratara, cuando en realidad hablamos de un negocio relacionado con manejos delictivos en muchos casos y que afectan a la dignidad de la persona en todos ellos. LA RAZÓN es uno de los pocos medios de comunicación que no inserta este tipo de publicidad. Desde estas páginas hemos denunciado con insistencia una situación que abochorna y de la que nadie se debería sentir orgulloso, y menos aún cabeceras que supuestamente defienden principios y valores humanistas. Algunas entidades, como la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y la Asociación de Telespectadores Plaza del Castillo, solicitaron hace unos días al Gobierno una ley que prohíba los reclamos sexuales en los diarios. La voluntad de Aído en este terreno se había limitado a expresar que esos anuncios son una vergüenza. Pues bien, el Gobierno parece decidido al fin a pasar de las palabras a los hechos. La ministra de Igualdad anunció ayer en el Congreso que su departamento está trabajando en «distintas fórmulas» para conseguir que se eliminen estos anuncios de prostitución. Aído explicó que su «primera apuesta era la autorregulación» de la Prensa, pero que el Gobierno había optado por solicitar al Consejo de Estado un informe sobre «las distintas alternativas legales» que existen, por si hubiera que «dar un paso más». Sin duda, nos congratulamos de ese compromiso gubernamental y esperamos que llegue hasta el final, porque lo contrario resultaría una decepción más. El diputado de UPN Carlos Salvador reclamó en el debate con la ministra que se retirara la publicidad institucional de todas aquellas cabeceras que prefieran explotar este tipo de anuncios, que encubre un sórdido mundo de explotación, abuso sexual y mafias. Es una iniciativa que merece ser valorada, pues el Estado no puede «patrocinar» con dinero de todos los españoles esa clase de anomalías ni alimentar la hipocresía tolerada por cierta Prensa y parte de la sociedad. La ministra tiene ante sí un deber ineludible con una causa noble que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Puede que no tenga los mismos réditos políticos en la izquierda que la Ley del Aborto, pero es una responsabilidad en beneficio de la mujer que no puede eludir.