El Congreso deberá valorar si existe recesión en 2012

MADRID- «En 2012, el Congreso de los Diputados valorará si existe recesión económica y, en su caso, aprobará un plan de reequilibrio». Así consta en el documento, titulado «Ley Orgánica de Estabildiad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las AAPP», que ayer entregó Hacienda al grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, recoge las principales novedades del anteproyecto de ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros, entre las que destacan las siguientes:

l Período transitorio
La deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Cuando se alcance un PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB. El déficit estructural del conjunto de las Administraciones públicas se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en promedio anual. En 2012 el Congreso valorará si existe recesión económica y, en su caso, aprobará un plan de reequilibrio. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

l Prioridades del gasto
El gasto de las Administraciones no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB de acuerdo con la normativa europea. Los gastos destinados a pagar los intereses de la deuda constituyen la prioridad absoluta.

l Sanciones
El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero a un año. En caso de incumplimiento del plan se aprobará automáticamente una no disponibilidad de créditos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria transpone a España los mecanismos correctivos de la UE. Las sanciones que impongan Europa por los desvíos del déficit serán asumidas por la Administración responsable de los mismos. En caso de incumplimiento del plan económico-financiero, la comunidad constituirá un depósito, cuya cuantía equivaldrá a un tanto por ciento del PIB autonómico. Este depósito se convertirá en multa si persiste el incumplimiento. Hacienda enviará una delegación a la comunidad incumplidora para valorar su situación económico-presupuestaria. Incluso el Gobierno central podrá llegar a intervenir las cuentas de esa autonomía, a imagen y semejanza de lo que hace la UE con los Estados miembros.

l Liquidez a cambio de cumplir objetivos
El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar las emisiones de deuda, conceder subvenciones y suscribir convenios. Si la autonomía no cumple con sus obligaciones de auteridad, el Ejecutivo podrá penalizarla retirándole ayudas, no rubricando convenios y bloqueando sus emisiones de deuda. La Ley establece la no penalización por déficit excepcionales por catástrofes, recesiones... Eso sí, se requerirá un plan de reequilibrio para afrontar las consecuencias de estas situaciones.

l Control presupuestario
Antes de aprobar los Presupuestos, todas las Administraciones informarán sobre las líneas fundamentales de los mismos. Es decir, las autonomías deberán rendir cuentas al Gobierno antes de aprobar sus Presupuestos.