Operación limpieza por Carlos Alsina

Un mes antes de que Rajoy ganara, el principal ejecutivo de una empresa del Ibex comentó en un desayuno privado que la reforma más ambiciosa que tenía pendiente España no era la laboral ni la financiera. «La más necesaria», dijo, «es la reforma ética». Dada su posición, conocía lo útil que es intimar con quien gestiona el presupuesto público para adquirir ventaja sobre tus competidores. Hace dos años, un presidente autonómico molesto por la relevancia mediática del caso Gürtel comentó en una cena privada que la financiación irregular de las campañas es una práctica común a todos los partidos y en toda España. La empresa que te organiza el mitin te factura sólo la mitad porque el resto lo pone un constructor que finge contratar a esa misma empresa y le paga por un servicio inexistente. «Vamos a medias», le dirá el recaudador al empresario afín, persuadidos ambos de que el éxito político del primero revertirá en éxito económico del segundo. Los casos Gürtel, Emarsa, ERE, Palma Arena o Invercaria responden a un mismo esquema: el cargo público con poder para decidir a quién contrata y por cuánto, a qué empresa subvenciona, aplica criterios de afinidad política, vínculo personal o expectativa de retorno (léase «mordida»). Son redes invisibles de mangoneo que funcionan a golpe de teléfono móvil, frases a medias y recados sobrentendidos: «Te llamará este amigo mío por aquello que te comenté; trátale bien que cuando toca, aporta». Rajoy, con más poder que ningún presidente previo, está obligado a abordar la operación limpieza. En su mano está levantar un país en el que la suegra del director general no tenga más derecho a subsidio que las otras suegras; en el que los partidos se paguen sus mítines, los concursos los ganen los mejores y ser amigo del ministro no sirva para repostar con descuento en las gasolineras.