Sevilla

El interventor trasladó a Griñán sus dudas sobre los fondos de los ERE

El interventor general de Hacienda cumplió con el artículo 12.3 del decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía que le obligaba «a dar traslado de los informes definitivos de las empresas, así como al titular de la Consejería de que dependan y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda».

El presidente de la Junta, ayer, en el Parlamento de Andalucía
El presidente de la Junta, ayer, en el Parlamento de Andalucíalarazon

En un documento difundido ayer por el PP se comprueba que el informe definitivo de cumplimiento que la Intervención General realizó a la Agencia IDEA correspondiente al ejercicio 2004 se remitió el 29 de septiembre de 2006 a la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo «para su conocimiento y traslado al consejero de Economía y Hacienda», que por esa fecha era José Antonio Griñán. La Agencia IDEA es la heredera del IFA, los entes instrumentales que abonaban las ayudas a las empresas en crisis y financiaban los ERE.

La Intervención General es el órgano que alertó sobre la forma en la que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo gestionaba las ayudas sociolaborales, el conocido como «fondo de reptiles» y que asciende a 647 millones de euros entre 2001 y 2010. Emitió hasta tres informes –2005, 2006 y 2007– y en las conclusiones del primero apuntó que se estaban tramitando «subvenciones excepcionales prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

La Junta argumenta que en ningún momento el órgano de control evacuó un informe de actuación avisando de «menoscabo en los fondos públicos», lo que hubiera motivado la intervención directa del consejero de Economía y Hacienda e incluso del Consejo de Gobierno.
En esta línea insistió ayer Griñán en el Parlamento: «Le repito que la Intervención no elevó ningún informe de actuación al consejero», le contestó a Arenas.

Se trata de cosas distintas. La Intervención emite informes sobre procedimientos y advierte de posibles irregularidades administrativas. Esos son los que emitió entre 2005 y 2007.
El informe de actuación supone un paso más: se realiza en aquellos casos «en que se aprecien circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los fondos públicos, y cuando no se emita el informe sobre implantación de recomendaciones». Así lo refleja el citado decreto 1/1999 y la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la propia Intervención General.

La Junta asegura que no lo hizo. Además, Griñán mantiene que pese a que los informes fueran enviados a él como titular de la Consejería, no los conoció. Es la versión que ofreció el pasado viernes la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que dijo que los recibió ella y no se los trasladó.

Pese a no ser informes de actuación, sí alertan de procedimientos administrativos inexistentes y de un desfase de más de 38 millones de euros sólo en 2004 entre los créditos asignados y los que gastó el IFA en financiar ERE e incentivar a empresas.

Para Antonio Sanz, secretario general del PP-A, queda «demostrado» que Griñán «ha ocultado deliberadamente» ante el Parlamento que «él conocía los informes de Intervención» y que no le queda otro camino que la «dimisión» o el cese de Martínez Aguayo, aunque si opta por esta última opción debe abandonar el cargo igualmente por obligar a su entonces viceconsejera a «autoinculparse».

Distinta lectura del documento hizo el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, para el que éste no demuestra «nada» ya que es «un papel ordinario». También señaló que el PP sólo persigue «implicar» al presidente andaluz «sin base legal ni jurídica y con una mala leche sin precedentes».


El PP cree que «pudo evitar el fraude»
Las dudas de la Intervención sobre la gestión del dinero no significa que supiera que se estaban cometiendo fraudes con los ERE. Tampoco en la Consejería de Economía. Pero el PP sí cree que se «pudo evitar el monumental fraude» si Griñán y Chaves hubieran atendido las recomendaciones de el organismo.