Silván apuesta por viviendas asequibles para fijar población

Valladolid- Pese a la grave coyuntura económica y el precario estado del mercado inmobiliario, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y en especial su consejero, Antonio Silván, no ceja en el empeño de dar facilidades a los castellanos y leoneses para tener una vivienda en propiedad con las mejores condiciones. Y una de estas propuestas es la promoción que se está llevando a cabo en distintas localidades de la Comunidad, la última en Navas de San Antonio (Segovia), con la que se pretende ofrecer viviendas «asequibles y de calidad» como clave para fijar población en el medio rural.

Para ello, la Junta se encuentra trabajando la puesta en marcha de un nuevo tipo de vivienda protegida en el ámbito rual donde se incluirán las construcciones existentes con el objetivo de recuperar aquellas casas vacías y volverlas a poner en el mercado el parque inmobiliario. También se apostará por la necesidad de promover el alquiler y la rehabilitación, en especiale en el ámbito rural.

Por ello, Silván señala que otra de las prioridades del departamento que dirige será la extensión del programa de fomento de alquiler fuera de las ciudades, y en especial en aquellos municipios cercanos a las capitales y que cuenten con más de 5.000 habitantes. Así, el Gobierno regional ofrecerá viviendas de 90 metros cuadrados por un máximo de 473 euros al mes a aquellos que tengan ingresos superiores a 7.455 euros anuales e inferiores a 47.458 euros. A este plan, de orientación social, podrán acogerse los dueños de viviendas vacías en el entorno rural y se espera que se formalicen más de un millar de contratos al año.

Además, a partir de hoy, la Consejería somete a información pública y durante 30 años el proyecto de decreto que unificará en un mismo texto normativo el registro de demandantes y los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de vivienda protegida en Castilla y León.

Con este nuevo marco normativo, la Consejería pretende mejorar la atención al ciudadano simplificando y unficando en un único texto normativo dos regulaciones ya existentes, el registro de demandantes y los procesos de selección.

Para inscribirse en el registro se deben de cumplir requisitos, como tener unos ingresos familiares máximos que no excedan 6,5 veces el Salario Mínimo y no ser titular de vivienda protegida o libre. La inscripción en el registro de demandantes es obligatoria y de carácter gratuito y sólo se admitirá una solicitud por cada demandante.