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Aprueban una ley que impide concurrir a los comicios a exmiembros del partido de Mubarak

La Junta Militar egipcia publicó hoy el decreto ley respecto a la corrupción y el perjuicio a la vida política en el país, que podría impedir a exmiembros del partido de Hosni Mubarak concurrir a las próximas elecciones legislativas.

El esperado decreto, difundido por la agencia oficial de noticias egipcia Mena, prohíbe votar o presentarse como candidato a la Asamblea del Pueblo (Congreso) y de la Shura (Senado), así como a los Consejos Municipales, a cualquier persona que "corrompa la vida política y dañe el interés del país".

Esta decisión, exigida por los partidos políticos egipcios, se produce a siete días de las elecciones legislativas, previstas para el 28 de noviembre, y en medio de violentas protestas en el centro de El Cairo que han dejado en los últimos tres días al menos 23 muertos y más de un millar de heridos.

El decreto estipula que la prohibición del derecho de estas personas a votar o presentarse como candidato tendrá una duración máxima de 5 años desde la emisión de la sentencia.

Asimismo, los acusados de corromper la vida política de Egipto o ser cómplices de ello no podrán pertenecer a ningún partido político, también durante como máximo 5 años.

Muchos miembros del disuelto Partido Nacional Democrático (PND) de Mubarak han formado después de la revolución egipcia partidos, mientras que otros se han integrado en diversas formaciones.

Desde hace meses los activistas y miembros de partidos políticos denuncian que los remanentes del antiguo régimen volvieran a entrar en el Parlamento, y desde el inicio de la campaña electoral han surgido diversas iniciativas para identificar a los llamados "fulul"(remanentes).

Por otro lado, el decreto de ley publicado hoy también estipula otras sanciones como la dimisión de estas personas de cargos públicos de liderazgo y la anulación de su participación como miembros en la Asamblea del Pueblo y de la Shura o de los Consejos Municipales.

Además, les prohíbe desempeñar cualquier empleo público y ser miembros en los Consejos de Administración de cualquier empresa o institución sometida a las autoridades públicas, también durante un periodo máximo de 5 años.

Según el decreto, el tribunal penal es el competente en investigar estos crímenes y puede rechazar la defensa del acusado y la de sus cómplices, así como sentenciarlos con compensar cualquier daño que hayan hecho a otras personas.

El decreto de ley modifica la conocida como Ley de Traición de 1952 para pedir responsabilidades a los dirigentes implicados en casos de corrupción, y sustituye el término "traición"por la frase "Corromper la vida política".

El pasado 21 de julio, el primer ministro egipcio, Esam Sharaf, ya anunció que había pedido reactivar esta ley, aunque hasta hoy no se ha tomado una decisión al respecto.


Además, hace una semana el Tribunal Supremo Administrativo de El Cairo emitió una sentencia que permitía a los miembros del disuelto PND participar en las próximas elecciones legislativas.

El PND fue creado en 1978 por el entonces presidente Anuar al Sadat, su estructura se confundió con la del estado y, entre acusaciones de fraude, arrasó en todas las elecciones parlamentarias celebradas desde su creación, la última en noviembre-diciembre de 2010, en la que se hizo con más de un 80 por ciento de los escaños.

Tras la Revolución del 25 de Enero, el PND fue disuelto y se abrieron procesos judiciales que han llevado a la cárcel a sus principales responsables, desde Mubarak hasta el hijo de este Gamal, "número tres"de la formación, pasando por su secretario general Shafuat al Sherif o el secretario de organización Ahmed Ezz.