Jaén

Moreno ve «lógico» que la reordenación del sector público cause «incertidumbre»

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, cree «lógico» que el decreto que prepara la Junta de Andalucía para la reestructuración de las empresas públicas origine «incertidumbre» entre los trabajadores, pero aseguró que «no pretende lesionar ni un solo derecho».

La Razón
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Moreno acudió ayer a un albergue juvenil en Jaén para clausurar las jornadas de centros educativos «Creando Ciudadanía». Allí se encontró con miembros de la Plataforma Agua Pública –formada por empleados de la Agencia Andaluza del Agua y contrarios a este decreto– que la esperaban a las puertas y aprovechó para intercambiar unas palabras con los manifestantes.

La consejera de Presidencia se mostró «absolutamente convencida» de que el diálogo social se va retomar en Andalucía con carácter general –una vez superada la huelga del 29 de septiembre– algo que será positivo para la comunidad, para los acuerdos de concertación y para la agenda compartida del Gobierno autonómico y los agentes económicos y sociales.

En este sentido, añadió que en ese diálogo hay una cita muy importante con todo lo que afecta al decreto de reestructuración de empresas públicas de Andalucía. «Es lógico que este decreto suscite inquietud en los trabajadores y preocupación por algunos aspectos de cómo les puede afectar, pero el Gobierno andaluz está decidido a impulsar una modernización de las empresas públicas que implique un mejora de los recursos, una modernización, pero que no lesiones derechos».

Por ello, manifestó que en la nueva etapa de diálogo social también se puedan solucionar y «despejar todas las inquietudes que puedan tener» los trabajadores afectados. «En ningún momento el Gobierno andaluz pretende lesionar ni un solo derecho de los trabajadores empleados públicos de la Junta de Andalucía. Por ello, estoy convencida de que las interpretaciones se aclararán o que se mejorará cualquier aspecto que pueda generar este tipo de dudas», zanjó.

Las organizaciones sindicales han recurrido este decreto al TSJA por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, critican que permitirá equiparar en la práctica al personal laboral con los funcionarios.