«La Junta prefiere recortar en hospitales para no tocar su red de enchufados»

Sevilla- La vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Sectorial del PP-A, Dolores López Gabarro, cifró ayer en 680,9 millones de euros el «recorte» presupuestario llevado a cabo por la Junta de Andalucía entre los años 2008 y 2011 en materia de bienestar social. Para los populares, esta actitud convierte en una «aberración» la amenaza del Ejecutivo andaluz de cerrar hospitales y colegios excusándose en el límite de endeudamiento fijado para las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). «Prefieren recortar en colegios y hospitales para no tocar su red de enchufados políticos en la Administración paralela», lamentó la dirigente popular.

Según López Gabarro es en esa «red de agencias de colocación» de la «Administración paralela» de la Junta, que «tan elevado coste acarrea para los ciudadanos», donde el Gobierno andaluz debería «aplicar la Ley de Estabilidad», y no en sanidad o educación.

Para la responsable de Políticas Sociales del PP, la falta de atención de la Junta en la materia ha tenido «consecuencias» en bienestar social en el conjunto de Andalucía, entre las que citó «recortes de entre un 50 y un 75 por ciento de subvenciones a asociaciones de personas con discapacidad, demoras de meses en los informes requeridos para la concesión de ayudas de la Ley de Dependencia o la paralización de 30 proyectos de residencias para mayores por falta de financiación».

López Gabarro, que atribuyó a la Junta «impagos a familias de acogidas de menores» y «deudas a centros especiales de Empleo», esgrimió datos del Gobierno central para afirmar que en Andalucía hay un total de «65.215 personas dependientes que a día de hoy no han recibido una prestación a pesar de tener derecho a ello». Todo ello, recordó, en una región que tiene «la mayor tasa de pobreza de España, un 36 por ciento», según las conclusiones de un informe del Instituto de Estudios Económicos.

Igualmente responsabilizó a la Junta de contribuir a crear el «agujero de 820 millones de euros en la Seguridad Social española» que, han dejado las comunidades autónomas en los últimos tres años como consecuencia de los «impagos» de las altas a la Seguridad Social de las personas que se encargan del cuidado de las personas dependientes, que, según aseguró, corre a cargo de las administraciones autonómicas.

Al hilo de estas cifras, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP andaluz criticó al vicepresidente del Ejecutivo regional Diego Valderas, por «llamar a la rebelión» de los andaluces contra los ajustes del Ejecutivo central, cuando es «copartícipe de los recortes sociales que está llevando a cabo la Junta en Andalucía». También le afeó la contratación de «comisarios políticos» en las provincias.