Recogida de basuras in extremis

Pero el pacto que pone fin al contrato contiene otras «cláusulas» que podrían ahogar más aún al municipio, además de dejarle sin el servicio. A los 80 millones de euros se deben sumar unos intereses en «millones de euros», una indemnización por morosidad y el pago por el servicio durante el mes de agosto cifrado en 1.571.104 euros; un total que daría como resultado una cuenta de cerca de 100 millones de euros. Para hacer frente a semejante cifra, el alcalde sucesor de Tomás Gómez, José María Fraile, se ha cubierto bien las espaldas y de paso ha hipotecado a las próximas legislaturas, ya que el calendario de pagos que ha fijado con la empresa se prolonga hasta julio de 2023. Las maltrechas arcas municipales tendrán que abonar una media de seis millones y medio de euros al año durante doce años. Además, en caso de cualquier incumplimiento en los pagos, el acuerdo entre el Ayuntamiento y Valoriza recoge también que la empresa tendrá derecho a reclamar por vía judicial «el pago simultáneo y de una sola vez de la totalidad de la deuda».

Pero, además de la asfixia por la deuda y sus intereses, el Ayuntamiento de la localidad tendrá que encontrar ahora otra empresa. El contrato con Valoriza terminó ayer sin que otra empresa se hiciera cargo del servicio de recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes, así como de la contratación de los 350 trabajadores municipales empleados en este servicio. El viernes se convocó una Junta de Gobierno para estudiar algunas propuestas que quedaron en papel mojado. Ayer, al cierre de esta edición, la situación no había cambiado. Fraile no había encontrado sustituta, según pudo saber este periódico a través de sus trabajadores.

Ante la previsión de que esto pudiera pasar, el acuerdo recogía que Valoriza podría hacer días «extra» a 52.370 euros la jornada, pero ayer la llamada en su ayuda parece que no se produjo. El primer turno de recogida debería haber comenzado a las diez de la noche; sin embargo, ningún trabajador acudió ya que los jefes de tuno de Valoriza (de quien aún dependían) les pidieron que se quedaran en casa y que «estuvieran preparados toda la noche» por si el Ayuntamiento volvía a recurrir a la empresa a cambio del pago «extra».

Finalmente, el turno de noche arrancó con trabajadores ya sin el logo de Valoriza en su ropa y sin saber «a quién tenemos que rendir cuentas porque no hemos firmado ningún contrato con ninguna empresa. Es una orden municipal», afirmaron.


Bajo la sombra de la prevaricación
Haber escondido facturas podría traerles consecuencias penales a Gómez y a Fraile. La deuda de más de 80 millones con Valoriza no es la única. Su antecesora, Urbaser, recurrió a los tribunales para cobrar por la recogida de basuras desde 2001 a 2006. Un auto de la Audiencia Provincial de febrero apunta a que el hecho de que algunas de las facturas no se incluyeran en los presupuestos puede ser penado, ya que es «una resolución injusta y subsumible en una prevaricación». El delito no estaría en los impagos, sino en «la actuación administrativa que lo ha hecho imposible». Gómez dejó la Alcaldía con una deuda de 240 millones, de los cuales 57 no estaban presupuestados. El TSJM anuló las cuentas de 2009 por ocultar la liquidación de 2007 y 2008. En el capítulo que recogía estas facturas no incluidas en las cuentas había varias de Urbaser, un «olvido» que podría ser prevaricación «en la modalidad de comisión por omisión». La Audiencia solicitó al Ayuntamiento una explicación.