MADRID– A medida que se acerca el cierre del ejercicio, el Gobierno incrementa su presión sobre las comunidades autónomas para que certifiquen que están cumpliendo los planes financieros con los que se comprometieron. El «examen» se concretará el próximo miércoles en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá el déficit como principal punto del orden del día.

Desde el Ejecutivo siguen aventando la amenaza de que el Gobierno autonómico que no se ajuste al plan presupuestario pactado tendrá que someterse al régimen disciplinario de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.Unas sanciones que van desde la multa a la intervención. Pero ya es una tradición que el Ejecutivo airee esa amenaza siempre en vísperas de una tensa cumbre del Consejo de Política Fiscal sin que luego llegue nunca a activarse el mecanismo legal.

En cualquier caso, el cierre del ejercicio se acerca y con ello también el momento de pasar a limpio la cifra de déficit con la que llegarán a 2013 las cuentas de todas las Administraciones Públicas. Formalmente, Bruselas nos ha marcado el objetivo del 6,3 por ciento después de que nos ampliara en un año el plazo para reducirlo por debajo del 3 por ciento. Pero ésa es la teoría, ya que oficiosamente, desde el equipo económico se advierte de que un cierre alrededor del 7 por ciento, es decir, con una «ligera desviación de tan sólo décimas», sería ya todo un éxito teniendo en cuenta el contexto nacional: el 9,4 por ciento con el que se cerró definitivamente 2011 y la mala coyuntura europea.

«Cuando la mayoría de nuestros socios europeos van a suspender, si nosotros nos desviamos sólo en unas décimas sería todo un revulsivo de credibilidad ante los inversores y los mercados», sostienen en el Ejecutivo. Creen que este «esfuerzo» debe servir para recuperar la credibilidad internacional; ayudar a que se estabilice la prima de riesgo, y a partir de la mejora de la financiación se levante el proceso de recuperación económica.

Sobre cuándo se concretará la petición de ayuda al Banco Central Europeo (BCE), fuentes gubernamentales dejan el calendario abierto. Es cuestión de semanas, pero podría ser antes o después de las elecciones catalanas, que se celebran el próximo 25 de noviembre.

El Ministerio de Economía tiene ese frente abierto en canal, al mismo tiempo que sigue atando los flecos de la ayuda europea a la banca. Las enmiendas que el PP ha presentado a la reforma financiera de agosto han sido revisadas por la «troika», y ésta también ha mediado incluso en la convocatoria de la próxima reunión de la Comisión de Economía.

La «troika» comunitaria–Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y BCE– participa en el grueso de las decisiones económicas que adopta el Gobierno de Rajoy.